Mauricio Macri no quiere dejar la Casa Rosada sin resolver la causa que más le preocupa: Correo Argentino. Para eso, desplegó un plan de pasos sincronizados, una jugada a varias bandas que incluye el traslado de la fiscala Gabriela Boquin a partir de una denuncia falsa, la aceptación por parte del Estado de la última propuesta de la familia Macri de pagar una ínfima parte de su deuda y la unificación de demandas por más de 4.500 millones de pesos de los Macri contra el Estado en un juez amigo.
Las etapas del plan, en forma cronológica, revelan que los movimientos no son aislados sino que existe una estrategia ejecutada con precisión para que la familia presidencial quede liberada de la deuda que arrastran desde el 2002 y que Macri intentó (e intenta) condonar. La fiscala Boquin fue quien frustró la maniobra que implicaba la condonación de 70.000 millones de pesos y su traslado fuera de la Fiscalía General de la Cámara Comercial es clave para los intereses de Macri. Con Boquin en su cargo, buena parte del plan se cae. Por eso reactivaron una denuncia por supuesto maltrato laboral de dos ex trabajadoras de su fiscalía. En el expediente de esas denuncias, sin embargo, constan mails, mensajes de Whastapp y documentación que desmiente la versión de las denunciantes y muestran que el único objetivo de la maniobra es lograr el traslado de Boquin.
En cuanto a sus juicios contra el Estado, en los que reclaman más de 4.500 millones, los Macri depositan sus esperanzas en unificarlos en el despacho del juez Enrique Valerio Lavié Pico, tal como reveló El Destape.
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El Plan
Los 10 pasos cronológicos, algunos ya ejecutados, para desactivar la deuda de los Macri con el Estado y la vez garantizar un juez a medida de las propias demandas de la familia presidencial contra el Estado son los siguientes:
1. El 15 de julio pasado la presentación, tal como informó El Destape, de una nueva propuesta de pago de la deuda de los Macri en la que ofrecen pagar 296 millones de pesos que deben desde 2002 en una única cuota (pese a que decían que no tenían fondos) y que si hay intereses se paguen con dinero que logren obtener de sus juicios contra el Estado.
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2. El 16 de julio, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia de Elisa Carrió contra el juez Lavie Pico a partir de un fallo en el cuál benefició nada menos que a Daniel “Tano” Angelici y su negocio con los bingos. No será la última aparición de Angelici en esta historia. El cierre de la denuncia lo orquestó Juan Bautista Mahiques, espada de Macri y el ministro de Justicia Germán Garavano en el Consejo, con las firmas del diputado PRO Pablo Tonelli, el abogado radical Juan Pablo Más Vélez y el juez Juan Manuel Culotta, de estrecha relación con el macrismo. La firma de Tonelli es clave, ya que es parte de esta trama no sólo como consejero de la magistratura sino como abogado de Correo Argentino.
3. El 17, los Macri pidieron la unificación de sus causas contra el Estado en el juzgado de Lavie Pico, despacho donde está radicada una de ellas iniciada en 2004 en la que piden la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió el la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”.
4. El 18, en otra causa que iniciaron en 2016 para reclamar 2.365 millones de pesos, pidieron suspender los plazos hasta que se resuelva la unificación del punto 3. Esta causa esta en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 12 que subroga la jueza Macarena Marra Giménez, cercana también al macrismo pero que hace poco falló en contra de la intención de Macri de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. En este caso, Marra Giménez hizo los deberes y les habilitó el pedido. Lavie Pico ya tiene ambos expedientes en su despacho.
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5. En la semana previa a las PASO, la reactivación de una denuncia contra la fiscala Boquin hecha por dos ex trabajadoras de su fiscalía, una de ellas casada con el juez Sebastián Sánchez Cannavó, que busca su ascenso para integrar la Cámara Comercial que interviene justamente en el caso Correo Argentino
6. Los pasos a seguir en el plan de Macri empezarán, de lograr su cometido, con el traslado de Boquin en base a esa denuncia falsa y el nombramiento en su lugar de un fiscal que acate órdenes de la Casa Rosada. Para eso, cuentan con el procurador interino Eduardo Casal, que opera en función de las directivas de Macri y Garavano.
7. La aceptación por parte del Estado de la propuesta de los Macri del punto 1. Ese flanco lo cubre el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, que mantuvo el cargo de abogado de los Macri pero ahora con patente de funcionario público. Para dar tiempo al plan, en especial que el juez Lavie Pico unifique las denuncias contra el Estado, en las últimas horas Saravia Frías pidió una nueva prórroga para evaluar la propuesta que ya conoce de memoria, en sus números y sus omisiones.
8. El fiscal puesto a dedo para reemplazar a Boquin aceptará el nuevo trato entre los Macri de uno y otro lado del mostrador.
9. Las juezas María Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini, que digitan esta causa hace casi 18 años, homologarán ese acuerdo.
10. Si se cumple el plan, los Macri pagarán 296 millones de pesos que deben desde el 2002 sin intereses, y en caso de computarse intereses se pagarían con lo que los Macri le arranquen al Estado. En ese entonces, esos 296 millones de pesos eran 296 millones de dólares, al cambio de hoy son 4 millones y medio de dólares, 60 veces menos. Las demandas de los Macri contra el Estado suman 4.653 millones de pesos. Son, al cambio de hoy, 80 millones de dólares. Si les sale bien, Macri y sus familiares salen ganando 75 millones de dólares.
Saquen a Boquin
En febrero de 2017, la fiscala Boquin frenó el acuerdo entre los Macri empresa y Macri Gobierno al demostrar que el acuerdo que querían concretar era abusivo y ruinoso para los intereses del Estado, que implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos y que implicaba una quita del 98,82% de la deuda. Por entonces, el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que la fiscala Boquin tenía “argumentos que no compartimos y que son muy poco sostenibles". El ejecutor de la orden de Macri, el ministro de Comunicación Oscar Aguad, aseguró: “no hay ninguna quita”. Macri dijo que todo volvería a “foja cero”, como si eso fuera posible por capricho presidencial.
Lo cierto es que la fiscala Boquin no tiene la suerte de Carlos Stornelli, que goza de la protección mediática y del Gobierno para mantener su cargo en Comodoro Py en los meses que lleva en rebeldía en la causa donde se investiga una red de espionaje ilegal en la que abundan pruebas del usufructo que hizo de lo servicios del espía ilegal Marcelo D’Alessio. Boquin no tiene ni esa suerte ni ese prontuario. Todo lo contrario.
La denuncia en su contra es una típica maniobra de la tecnología burocrática para desplazar a una fiscal incómoda para Macri. El ejecutor es el protector formal de Stornelli, el procurador interino Casal, que sigue directrices de la Casa Rosada desde el día que se sentó en la oficina que supo ocupar Alejandra Gils Carbó.
Lo que hicieron fue unificar los expedientes 157 y 1535, ambos de 2018, en los cuales 2 personas denunciaban maltrato laboral contra Boquin. Una es Verónica Fernández, que tiene una discapacidad por la cual tenía un régimen laboral diferenciado, que denunció malos tratos pero hay documentación donde reconoce la sensibilidad de Boquin respecto a su condición y lo documentos indican que no hubo motivos para su enojo.
Pero la peona clave de esta jugada es Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía comercial de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años, ya que la ahora denunciante era secretaria de Ricardo Nissen en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas donde la fiscal realizó numerosas actividades y llegó incluso a ser vicepresidenta de la institución. Cuando Calzia pasó a trabajar en la fiscalía de Boquín aún no se había recibido de abogada. Aprobó un buen número de materias y terminó la carrera en el ambiente que ahora denuncia como hostil.
En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia.
Las fechas, una vez más, son importantes, ya que los supuestos maltrato coinciden con la explosión pública del caso Correo Argentino a partir del 8 de febrero de 2017. A los 2 días, el portal La Política Online publicó una nota titulada “El Gobierno apunta a los vínculos de la fiscal del Correo con el kirchnerista Nissen” donde relataban que “Boquín tiene en su plantel a la esposa del Juez Comercial Sánchez Cannabo, que anteriormente trabajaba para Nissen”. Se trata de Calzia, que comenzó a preocuparse por que este tema no complicara la intención de su marido de convertirse en camarista. Se olvidaba que su propio marido juez había escrito un libro con prólogo de Boquin. Sánchez Cannavó intervino en la situación de su esposa pese a que no es funcionario del Ministerio Público. Fue en su propio interés, ya que está segundo en el orden de mérito para quedarse con el cargo de camarista justo en la Sala que interviene en la causa Correo Argentino. Todo se encadena.
Para desplazar a Boquin, el interino Casal pretende utilizar el artículo 42 de la Resolución 2627/2015, que habilita el traslado de un fiscal sumariado “por resolución fundada del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, cuando la permanencia en su lugar de trabajo pudiera obstaculizar el esclarecimiento del hecho que se le atribuye o resultare inconveniente para el normal desenvolvimiento de la dependencia en que aquel/aquella presta funciones”. Ese Tribunal de Enjuiciamiento está controlado por el Gobierno.
Por los fiscales está como titular Juan Carlos Paulucci, fiscal ante la Cámara de Seguridad Social desde donde tenía que controlar a su padre homónimo, nombrado por Macri como secretario de Trabajo. La otra titular es María Alejandra Obregón, vinculada al radicalismo mendocino y con nexos en la Casa Rosada. Su suplente es Martín López Perrando quien, según contó Marcelo Rielo en el portal Política Argentina, “fue el fiscal que llevó a cabo la investigación que llevó al proceso de varios integrantes de la cúpula del Sindicato de Camioneros, que encabeza el sindicalista opositor que el Gobierno quiere preso Pablo Moyano”. El Gobierno tiene como representante a Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal. Su suplente es el propio Mahiques, tejedor estrella de las triquiñuelas judiciales PRO. Por el Ministerio Público está Juan Manuel Casanovas, también con terminales en Angelici. Otro es Mario Hernán Laporta, que preside el tribunal de disciplina de la Superliga y también está vinculado a Angelici.
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