El piloto que fue contratado por la Administración General de Puertos y declaró contra Cristina Kirchner

El escándalo del negociado de Mauricio Macri con el Puerto de Buenos Aires dejó al descubierto un festival de contrataciones con el objetivo de pagar favores, acomodar familiares o eludir licitaciones mediante convenios individuales. Este es el caso de Consilia, una consultora para la gestión pública y privada, cuyos socios fueron sumados al plantel de la Administración General de Puertos (AGP) de forma personal para diseñar un nuevo sistema administrativo. Uno de ellos, Claudio Humberto Trerotola, declaró contra Cristina Kirchner diez meses después de haber ingresado con un sueldo de casi $100 mil.

Según pudo saber El Destape, los socios de Consilia fueron contratados para realizar el “ERP para la AGP”, un nuevo Sistema administrativo integrado para el organismo. En lugar de realizar una licitación para darle esa tarea a una empresa, se firmaron estos acuerdos de forma individual por un monto de $95 mil mensuales. En total, fueron ocho los ingresantes a la Administración General de Puertos, los cuatro directivos y otros trabajadores.

Uno de ellos es Claudio Humberto Trerotola, un vicecomodoro, expiloto del Tango 10, que también trabajó en la low cost FlyBondi. Según su contrato, al que accedió este medio, ingresó el 29 de diciembre de 2017 para “asistencia jurídica en materia de cambio organizacional, análisis y gestión de riesgo, prestando servicios en la Gerencia de Seguridad y Control Ambiental”. Todo ésto pese a no ser abogado.

Diez meses más tarde, el 10 de octubre de 2018, declaró contra Cristina Kirchner como expiloto del Tango 10. Su testimonio fue utilizado por el juez Claudio Bonadio para dictar el procesamiento de la candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos en la causa que investiga el traslado de diarios, con un avión oficial, a Santa Cruz. Por otro lado, el fiscal Carlos Stornelli hizo uso de su declaración para pedir la elevación a juicio de la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Concretamente, Trerotola manifestó: "En varias ocasiones formé parte de la tripulación de dicho avión tanto como piloto y copiloto y trasladé en varias oportunidades a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández al sur, en su mayoría a Río Gallegos, y en algunas oportunidades también trasladé a (Daniel) Muñoz (exsecretario privado de Néstor) como así a otras personas. En los vuelos que íbamos a Calafate nunca trasladé en ese avión a Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Muñoz. Los vuelos eran con destino a Calafate, casi siempre salían de Aeroparque los días sábados por la mañana tipo 06:30 y se trasladaban sobres con documentación, paquetes de diarios del día, personal doméstico y, en una oportunidad, un peluquero que por lo que tengo entendido eran empleados de Cristina Fernández”. La primera parte del testimonio fue utilizada por Stornelli y la segunda por Bonadio, para dos causas diferentes.

Trerotola, que fue contratado con un alto sueldo para eludir una licitación y después declaró contra la actual senadora nacional, no fue el único de Consilia que se sumó al festival de contrataciones de la AGP. También lo hizo Federico Kruse, que entre 2010 y 2016 se desempeñó como funcionario del intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, como subsecretario de Seguridad y secretario de Gestión Pública. Cobra un sueldo de $64.000 para “asistencia técnica en materia de cambio organizacional, análisis y gestión de riesgo”. En su contrato, llamativamente, no figura la fecha.

En tanto, Gustavo Alvarez, otro de los socios de Consilia, firmó un contrato por  $68.580 mensuales, según su última renovación fechada en marzo de este año. El hombre en cuestión fue CFO (director de finanzas) de Iron Mountain para Latinoamérica durante más de once años. Uno de los galpones de la empresa de custodia y almacenamiento de documentos se incendió en la Ciudad de Buenos Aires, en Barracas, con un saldo de diez Muertos e información sensible destruida.

En tanto, José Mariano Beltrame, el cuarto socio fue secretario de Seguridad de Río de Janeiro entre 2007 y 2016 y actualmente vive en Brasil.

Así, Consilia es el ejemplo de cómo la Administración General de Puertos utilizó – y utiliza – la caja de contratos de locación y servicios para eludir licitaciones mediante acuerdos individuales. Pero, además de estas irregularidades, El Destape pudo saber que esta consultora, cuyos socios fueron contratados para evaluar los procesos de la AGP y crear un nuevo sistema administrativo, comenzaron a reunirse con personal del organismo, desde los jefes de áreas hasta los subgerentes y gerentes, para saber qué piensan de sus compañeros y superiores y por quién votaron en las últimas elecciones, según confiaron a este medio.