El perfil de los candidatos a jueces de la Corte: anti aborto y anti huelga

Si bien mucho se habló de cómo fueron designados los jueces y del polémico decreto de Mauricio Macri, el CELS fue más allá y tras criticar la designación difundió información de los magistrados. En el documento que difunde el organismo se asegura que son candidatos idóneos por su CV pero se cuentan algunos particulares pensamientos de cada juez sobre temas cruciales.

El Dr. Rosatti afirma, en un tratado de 2010, previo al fallo más importante de la Corte Suprema en lo que respecta al aborto no punible, "que se encuentra reconocido constitucionalmente que la vida comienza con la concepción en el vientre materno y que, por lo tanto, el aborto es inadmisible", existiendo una "inconsistencia" en el ordenamiento jurídico argentino a causa del artículo 86 del Código Penal.

Además, tras el fallo FAL (el cual sienta precedente para el aborto no punible), el abogado sacó un libro en donde confronta directamente con la sentencia y afirma que cuando la Corte Suprema reconoce la no punibilidad del aborto para todas las mujeres en caso de violación, se está liberalizando el aborto en la Argentina.

Además, argumenta que la declaración realizada por la Argentina al aprobar la Convención del Niño goza de jerarquía constitucional y que, por esto, "nuestro ordenamiento constitucional prevé que la vida comienza en la concepción".

El Dr. Rosatti afirma que "el derecho de huelga es atribución exclusiva de los sindicatos formalmente constituidos, sea con inscripción gremial o personería jurídica" y el CELS asegura que "esta concepción restrictiva de la legitimación para ejercer el derecho a huelga no es acorde con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables".

El juez sostiene también una posición restrictiva de la naturaleza jurídica de la huelga ya que señala que ésta debe ser esencialmente de carácter "laboral" y "reivindicativo", lo que hace "constitucionalmente discutibles" las llamadas huelgas "por solidaridad" y las huelgas "políticas o sociales" y expone en su libro que sólo sería legítima una huelga que se vincule con un "conflicto laboral concreto y específico".

Sobre las protestas el otro candidato a juez, Carlos Rosenkrantz, cree que "una protesta que incluya un corte (de calle, ruta, etc) configura un delito" y asegura en su artículo "La pobreza, la ley y la constitución": "En la Argentina, al menos del modo en que yo lo veo, piquetear una ruta o autopista es un delito".

En cuanto a los piquetes por pobreza, dice que "la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”.

El candidato Carlos Rosenkrantz en su artículo ya mencionado sostiene que los derechos económicos y sociales no deberían estar constitucionalizados argumentando que "los tribunales carecen del equipamiento institucional necesario para tratar con problemas de tan largo alcance y tanta dimensión como el problema de la pobreza en una sociedad" por ello no deben tratarlos.

Por otra parte y más allá del curioso perfil de los candidatos, cuando de ellos se trata es imposible evitar el escándalo que generó Mauricio Macri al intentar imponer a los jueces por decreto usando el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional.

¿Lo más curioso? Años atrás Rossati, uno de los candidatos que fue designado de esta manera, había criticado ese artículo ya que presentaba “complicaciones” para la designación de jueces inferiores.