Ante lo determinado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, el ministro de Planificación Federal fue respaldado por diferentes sectores del oficialismo.
Desde el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, pasando por senadores, intendentes y diputados de todo el país, este sábado se hizo sentir un enérgico apoyo funcionario: "La tarea del ministro de Planificación fue fundamental para implementar las políticas de recuperación histórica en materia de infraestructura que impulsaron primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner. Hay sectores de poder concentrados que añoran los tiempos en que las minorías decidían en función de todo el pueblo argentino", afirmó Domínguez.
"Es común que en tiempos electorales se lo ataque al ministro, por cuanto es el artífice de muchas de las concreciones de éste modelo de desarrollo con inclusión social", afirmó, por su parte, el senador Gerardo Zamora, en el mismo sentido se expresó también el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri y el de La Rioja, Luis Beder Herrera.
Otras de las voces que se sumó fue la de Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la UIA, y el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, quienes aseguraron que a De Vido "lo atacan porque es un hombre fundamental de este proyecto".
También el intendente de Berazategui, Patricio Mussi se manifestó: "Primero lo sobreseyeron y ahora la Cámara Federal de Casación Penal reabre la causa porque dice que no investigaron bien. Una causa de 2008; es decir, 7 años después y a tan poco tiempo de las elecciones presidenciales", al igual que los intendentes de Pilar, Humberto Zucaro y de Escobar, Sandro Guzmán y Juan Zabaleta, concejal de Hurlingham, quienes se expresaron en el mismo sentido.
Por su parte, el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe manifestó hoy su apoyo al ministro de Planificación Federal, al igual que La Liga de Intendentes Rionegrina del FpV, presidida por Martín Soria, desde donde se hizo público el respaldo a la gestión del De Vido.
A su vez, el gobernador Gildo Insfran y los intendentes que conforman el Concejo de Municipios de la Provincia de Formosa, en representación de cada uno de nuestros pueblos y ciudades, expresaron su "más enérgico repudio". Y, desde Santa Cruz, los jefes comunales del FpV hicieron público su "profundo repudio a una nueva expresión de los sectores más concentrados de una oposición nostálgica de la Argentina de las profundas inequidades y de las políticas de gobiernos serviles a los sectores concentrados de la economía pensada para unos pocos".
Asimismo, los intendentes de Lanús, Darío Díaz Pérez, de Morón, Luchas Ghi, y de General Rodríguez, Juan Pablo Anghileri, cuestionaron al igual que varios de sus pares a los "intereses corporativos que buscan frenar al país" y destacaron "todo lo hecho en la última década".
Aclaración de los abogados. El estudio jurídico que representa a De Vido aclaró, además, que el funcionario había sido sobreseído luego de que todas las medidas de investigación solicitadas por el fiscal Marijuan confirmaran los datos que surgían de las declaraciones juradas de ambos.
Con la firma de los abogados Julio Virgolini y Adrián Maloney se recordó que esa decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal luego de un recurso del Fiscal y fue recurrida en Casación sólo por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pero no por el fiscal Moldes, quien entendió que el sobreseimiento era correcto.
El recurso se fundó tan solo en la afirmación de que, a pesar de haberse producido todas las medidas peticionadas por el Ministerio Público sin resultado alguno, la investigación que había precedido a los sobreseimientos era aún incompleta y, en una confusa argumentación, sostuvo que subsistían sospechas que era necesario aclarar sobre determinados bienes del matrimonio, lo que implicaría la necesidad de producir nuevas pruebas.
En consecuencia, el punto en disputa fue solo la necesidad de proseguir o no con la investigación ya realizada, en procura de nuevas pruebas. Esto fue lo que se discutió en casación, y no la comisión de deleito alguno ni la responsabilidad de ninguna persona.
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