El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, adelantó que el oficialismo está dispuesto a "analizar más cambios" a la norma de aquí al inicio del debate y cuestionó la negativa de la oposición de no aceptar discutir las propuestas ni siquiera en el plenario al que asistió el jefe de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, algo que -dijo- no ocurría desde hacía años.
El único bloque opositor que por el momento comunicó su decisión de presentarse en el recinto a debatir una vez que el oficialismo reúna el quórum para sesionar fue el que preside el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo Federal.
El senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo, ratificó que el Interbloque Federal participará del debate al sostener que "es importante plantear en el recinto las diferencias que puede haber con el proyecto del Poder Ejecutivo".
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El resto de los bloques como la UCR, el PRO, el socialismo y UNEN, anticiparon que no se presentarán a la sesión porque consideran que el proyeto "es una farsa" cuyo objetivo es "desviar la atención por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman", quien apareció sin vida, con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero último.
En lugar de asistir a la sesión, la oposición decidió convocar a una "audiencia ciudadana" a la misma hora del inicio del debate, en el salón Azul del Senado, donde participaron a miembros de distintas asociaciones de magistrados y fiscales, juristas y de la comunidad judía para expresar sus disidencias con el proyecto que propone, entre otros puntos, disolver la SI y crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Buscan mostrar "un consenso parlamentario" y para ello invitaron también a los representantes de la oposición en la Cámara de Diputados.
Entre otros reclamos, piden que el sistema de escuchas telefónicas pase a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y no al Ministerio Público que conduce la procuradora Alejandra Gils Carbó, como propone el texto del oficialismo.
El proyecto oficial, anunciado en cadena nacional por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace diez días, resuelve que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".
Se consigna que las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a "la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático".
En el capítulo dos aclara que la AFI tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema nacional de inteligencia y la producción de inteligencia "en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y financieros".
Entre los cambios introducidos se precisa la descripción de la actividad de inteligencia y se deja explicitada la diferencia entre inteligencia militar o de defensa y la inteligencia de seguridad interior.
Se establece que en caso de que un agente decida iniciar una actividad por la premura del caso, la misma debe ser informada inmediatamente a sus superiores, y no con un plazo de 72 horas, como establecía el texto original.
El objetivo del oficialismo es dar media sanción ese día a la iniciativa y luego girarlo a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, antes del 1 de marzo cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abra las sesiones ordinarias del Parlamento, en el que será su último discurso como mandataria ante el Congreso.
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