El próximo 22 de febrero, el Gobierno buscará avanzar en la destitución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y sostuvo que no hubo delito por parte de la ex mandataria Cristina Kirchner en la firma del memorándum con Irán.
Según adelantó Nuestra Voces en una nota firmada por Ari Lijalad, el jueves de la semana próxima se reunirá la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura para tratar una orden del día que tiene en el punto 5, el dictamen del radical Angel Rozas, que pide la suspensión y remoción de Rafecas.
La denuncia contra el juez fue radicada por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y tiene como motivo la desestimación de la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina, Héctor Timerman y otros por un supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013.
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En su desestimación, el juez Rafecas advirtió que no hubo ningún delito que investigar, ya que la Comisión por la Verdad que planteaba el Memorandum con Irán nunca se conformó y que tampoco se alteraron las alertas rojas, que el propio ex jefe de Interpol Ronald Noble desmentía la acusación. Aunque Nisman tenía en su despacho un dictamen que decía todo lo contrario al que presentó judicialmente e hizo público en TN.
Además, la decisión del magistrado fue ratificada por la Cámara Federal y por el fiscal de Casación Javier De Luca que afirmó tampoco encontró delito alguno en la denuncia de Nisman. El fallo de Rafecas recibió además el apoyo de los juristas más prestigiosos del país.
En tanto, la Comisión de Acusación y Disciplina que es presidida por el diputado oficialista Pablo Tonelli. De los 9 miembros de la Comisión el Gobierno tiene una mayoría automática de 5, con Adriana Donato, el consejero por el Ejecutivo Juan Bautista Mahiques, los radicales Rozas y Mario Negri y el propio Tonelli. Resta ver si los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes se someten a la voluntad del Gobierno.
La cuestión se definirá en el plenario, donde se necesitan 9 de los 13 votos (dos tercios) para iniciar el juicio político a un juez.
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