El negocio de Macri detrás del cierre de Ferrobaires

El próximo 15 de marzo, más de cien pueblos de la provincia de Buenos Aires no volverán a ver pasar el tren por decisión del Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich. Cerca de 1500 trabajadores viven momentos de angustia e incertidumbre ya que no saben si serán traspasados a Nación como le prometieron y denuncian que detrás de esta decisión existe un importante negociado para el Gobierno con los terrenos ferroviarios.

La historia de los ferrocarriles argentinos está atravesada por la lucha de sus trabajadores para que los trenes no dejen de circular y por las decisiones políticas de gobiernos neoliberales que llevan como premisa que “ramal que para, ramal que cierra”. Dentro de las próximas semanas cientos de pueblos queden sin un medio de transporte y muchos otros queden completamente desconectados.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

Hasta junio de 2016, Ferrobaires llegaba hasta las terminales de Junín, Carlos Casares, 25 de Mayo, Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata y Pinamar. En cada ramal, el tren se detenía en decenas de estaciones.

Ahora, a partir del traspaso de la empresa a la órbita nacional, el ferrocarril solo cubrirá los ramales de Mar del Plata, Junín, Bahía Blanca y Chivilcoy. Lo que significa que cientos de pueblos quedarán sin tren y traerá como consecuencia una crisis en las economías regionales.

Desde el Ministerio de Transporte nacional indicaron que el tren seguirá circulando en Campana, Zárate, San Pedro, Ramallo y San Nicolás “como paradas intermedias hasta Rosario”. En comunicación con El Destape, fuente de la cartera nacional advirtieron que los demás ramales que están parados hace más de un año “se está evaluando las condiciones de cada uno, con foco en la seguridad, que es el eje prioritario de un servicio de transporte de calidad para trenes de pasajeros”.

Al ser consultados sobre si hay una fecha estimativa para decidir qué pasara con los ramales, voceros de la cartera que dirige Dietrich dijeron que “no hay fecha”, por lo cual puede pasar seis meses o los dos años sin que haya una definición. Los trabajadores ven con preocupación esta decisión ya que consideran que se lleva adelante “un abandono que terminará deteriorando las vías porque no tendrá mantención”.

“Ferrobaires se encontraba en un estado crítico cuando cerró. Desde ese momento hicimos un gran esfuerzo para traspasar esa empresa de la órbita provincial a nación, normalizar esa situación crítica y ofrecer alternativas de movilidad a las localidades del interior bonaerense”, replicó un allegado al Ministerio.

No obstante, los rumores que circulan por las estaciones de trenes es que el objetivo del Gobierno es utilizar los terrenos ferroviarios para negocios inmobiliarios, vender los tallares a empresas extranjeras y otorgar los trenes de carga a empresas privadas como Ferro Expreso Pampeano y Ferro Sur Roca.

Fuentes cercanas a Ferrobaires explicaron: "Los terrenos fueron transferidos a Administradores de Infraestructura Ferroviaria que dispondrán de los mismo, es decir, los que puedan reutilizar. Hace pocos meses, se dio en alquiler las locomotoras y material de la empresa y el taller Mechita de Bragado se vendió a la empresa privada rusa Transmashholding. El próximo taller a vender va ser el de Maldonado”.

Asimismo, advirtió que “hoy existen problemas operativos para correr los pocos trenes que quedan y va a seguir habiendo problemas si despiden a tanto personal calificado que tiene años de antigüedad”.

Desde Tandil, el delegado de La Fraternidad, Marcelo Rojas, coincidió con que los rumores sobre el negocio con los terrenos son fuertes y aseveró que “la empresa ni el Gobierno aclaran qué va a pasar con la estación. Está el proyecto de cerrar la empresa pero no dicen qué va a pasar con el predio, es un lugar deteriorado que seguramente se va a expropiar”. Contó que con el tren parado desde junio de 2016, “se ha desprotegido los rieles y se ha deteriorado la estructura” y cuestionó que “nadie se hace cargo de nada”.

Desde el Ministerio hicieron caso omiso a los rumores y respondieron que el servicio que funciona en la actualidad ha mejorado: “Aumentamos de 1 a 2 las frecuencias semanales a Junín y Bahía Blanca, sumando 4 nuevas paradas en total entre estos dos servicios. Además sumamos un nuevo tren directo a Mar del Plata para la temporada de verano, que se suma al tren diario con paradas en 11 localidades que volvió a correr en julio y que había dejado de funcionar en agosto de 2015”.

En tanto, la situación en los pueblos que quedan sin tren se vuelve desesperante para sus habitantes, ya que, muchos de ellos utilizaban este servicio para llegar a la Ciudad de Buenos Aires, comprar mercadería y venderla en sus negocios. Desde 25 de Mayo, la jefa de estación, Analía Carderalli, advirtió que “muchísimas familias se ven perjudicadas con esto porque tenían negocios y lo usaban para ir a buscar mercadería y varios tuvieron que cerrar o vender sus productos más caros porque tienen que invertir en un flete que es mucho más caro que usar el tren”.

“Vengo de una familia ferroviaria, mi papá era jede de estación y es una situación muy fea la que vivimos. Nos quedamos sin nuestro sustento además de que el tren es un medio de transporte super necesario que no tiene por qué dar ganancia porque es un transporte social para personas que tienen un poder adquisitivo como para viajar en micro o combi”, advirtió.

Retiros compulsivos y un acuerdo “ilegal”

En junio del 2017 el Ministerio de Transporte nacional firmó la resolución 517 para ratificar la transferencia de la empresa a su órbita y aprobar el traspaso de “1044 agentes que han sido seleccionados en virtud de lo establecido en el acta”.

No obstante, los trabajadores denunciaron que todavía queda por definir el futuro de 1500 ferroviarios que se encontraron con la propuesta de un “retiro voluntario” el cual definen como “un despido encubierto”.

Al respecto, la trabajadora y abogada Ester Chazarreta presentó un amparo junto a 33 compañeros para frenar los despidos y para denunciar “la ilegitimidad del acuerdo porque no se cumple con la ley”. En el mismo, exigieron “la preservación de la fuente de trabajo hasta tanto Provincia arbitre los medios necesarios para transferir a los trabajadores a Nación u a otro organismo público respetando el sueldo, antigüedad y categoría”.

La letrada advirtió la nulidad del acuerdo al citar “el decreto 1021/07 que reza en su articulado que cualquier medida que se tome, no afectará la estabilidad laboral de los trabajadores de Ferrobaires”.

La oferta de Provincia es completa: una indemnización por antigüedad con un plus del 20% de gratificación, IOMA por 24 meses y la participación en los talleres que dicta el Instituto Provincial de la Administración Pública. Pero los trabajadores denuncian que la obra social “no reconoce ese acuerdo todavía” y que es un “es una extorsión porque si no lo firman, les llega el telegrama de despidos”.

“Hay compañeros con tratamiento de cáncer, otros que tienen miedo de no cobrar nada si no aceptan el acuerdo, trabajadores que la situación económica no es fácil”, puntualizó Chazarreta.

En ese sentido, explicó las irregularidades del acuerdo entre las cuales se encuentra que “los compañeros no conocen el contenido de las clausulas, dice que no están obligados a firmarlo y eso es falso, están en blanco los datos del abogado que los tiene que patrocinar y dice que los honorarios los tiene que pagar el trabajador y eso va en contra del principio de gratuidad del derecho laboral”.

Y agregó: “Hay una cláusula que dice que por cinco años no pueden ingresar a la administración pública provincial ni a organismos centralizados y descentralizados; hay otra que expresa que deben renunciar a cualquier tipo de acción judicial”.

Ante este avasallamiento de la empresa, los trabajadores denunciaron que están sin el respaldo de los cuatro gremios ferroviarios (UF, La Fraternidad, ASFA, Apdfa), a lo cual, Chazarreta advirtió que “los trabajadores firmaron un acuerdo sin tener asesoramiento legal ni acompañamiento gremial”.

Una fuente cercana a los gremios confirmó que tanto la UF como La Fraternidad “entregaron a los compañeros porque buscan consagrarse con el Gobierno”. “Omar Maturano (secretario general de La Fraternidad) entregó sin problemas, le pidieron que entregue a 200 maquinistas y entregó a 300. Sergio Sassia (UF) pasó a los directivos del gremio y se fueron de vacaciones. Siempre tuvieron una actitud pasiva y tibia”, denunciaron personas cercanas a los sindicatos.

La crisis muestra su peor cara. La situación es crítica y ha provocado que la angustia comience a afectar la salud de los trabajadores que esperan que el recurso de amparo surja algún efecto y se revierta la situación.

Mientras tanto, en Constitución se llevó adelante una improvisada misa para recordar a Eduardo ‘Trapito’ Fernández, un trabajador que falleció cuando se enteró que Ferrobaires no iba a correr más.