El negociado de Larreta y Techint a costa de cinco hospitales porteños

11 de noviembre, 2018 | 21.30

Un negocio millonario para Techint y especulación inmobiliaria por encima de la saludpública. Ese es el resumen del proyecto hospitalario que impulsa el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta y cuyo puntapie inicial fue de su líder y antecesor en el cargo, Mauricio Macri.

Hace unos días, Rodriguez Larreta avanzó vía decreto con el “Complejo Hospitalario Sur”, cuyo objetivo es unificar cinco hospitales en uno. El 75% del proyecto planea financiarlo con la venta de los hospitales que va a cerrar, un jugoso negocio inmobiliario no para el Estado sino para los que se queden con esos terrenos. El resto, no lo aclara. La clave para el negocio es otro decreto, esta vez de Macri durante su alcaldía porteña, que aceptó una propuesta de Techint, el holding que comanda Paolo Rocca, para realizar esta obra por 172 millones de dólares.

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El origen: Techint y un veto

Todo comenzó en 2010, con una iniciativa de Techint aprobada por Macri, por entonces jefe de gobierno porteño. Según consta en el decreto 604 de ese año, Techint presentó una iniciativa privada para el desarrollo de un “Complejo Hospitalario Sur, Muñiz-Udaondo-Ferrer”. El título del proyecto sigue igual, y le agregaron el IPER y el Marie Curie. La propuesta de Techint fue en el marco del Régimen de Iniciativa Privada, un decreto nacional del 2005 por el cuál Néstor Kirchner habilitó a las empresas a presentarle ideas al Estado y les garantizó ciertos privilegios durante la licitación en caso de que se hiciera.

Para aprobar la iniciativa de Techint, según estableció el decreto 966 de Kirchner, tenía que conformarse una Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas. Los elegidos fueron Carlos Pirovano, subsecretario de inversiones; Alejandro Bonadeo, Director General de Gestión de Inversiones; y un representante del Jefe de Gabinete porteño, por entonces Rodriguez Larreta. Pirovano fue asesor de Álvaro Alsogaray y tuvo una larga carrera en la AFJP Máxima y en el HSBC. Desde su cargo, impulsó las exenciones impositivas a Iron Mountain, cuyo galpón en Barracas donde había información sensible de empresas vinculadas a causas de lavado de dinero se prendió fuego de forma intencional y donde murieron 10 bomberos para apagarlo.

En la Comisión no hubo nadie vinculado a la salud, pese a que se trató de un proyecto de política sanitaria. Sin embargo, resolvió que “la propuesta de Iniciativa Privada presentada por la empresa TECHINT S.A.C.I., no sólo cumple debidamente los requisitos de factibilidad técnica, jurídica y económica, sino que asimismo, es de un manifiesto interés público para la Ciudad de Buenos Aires”.

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Techint cotizó su propuesta en 172 millones de dólares. Al cambio actual, son más de 6.000 millones de pesos. Para no tener riesgos, según el decreto 604, “la empresa Techint S.A.C.I. ha solicitado como garantía de financiamiento de la propuesta la creación de un Fideicomiso Financiero administrado por una entidad independiente. Integrado por, entre otros recursos, fondos provenientes de la percepción de tributos por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que dicho Fideicomiso resultaría conveniente para garantizar y/o solventar el repago de las obligaciones a cargo de la Ciudad, siendo usualmente utilizado en proyectos de esta naturaleza, permitiendo la reducción del costo del financiamiento de la concesionaria y garantizando la afectación de los recursos presupuestarios necesarios durante toda la vida del proyecto”.

Los fideicomisos son un típico instrumento para garantizar opacidad. En este caso, que Rocca y sus socios cobren sí o sí, pase lo que pase, y vía esta figura difícil de controlar.

En su momento, Macri y Rodríguez Larreta lograron el apoyo de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Sin embargo, trabajadores, médicos y pacientes así como legisladores opositores han planteado numerosas críticas al proyecto.

De hecho, la oposición porteña logró sancionar la ley 3.537 para proteger el Hospital Muñiz, pero Macri la vetó. En los fundamentos, sostuvo que las protecciones “atentarían contra cualquier proyecto de puesta en valor y/o rehabilitación y/o actualización tecnológica del predio, subrayándose que la normativa debería alentar el correcto funcionamiento del complejo hospitalario en concordancia con la dinámica actual y los avances tecnológicos en materia de salud, posibilitando la implementación de nuevas resoluciones en materia de arquitectura sanitaria”. O sea, que impediría el negocio de Techint.

Rodriguez Larreta decidió directamente ignorar las críticas. El propio decreto de Macri estableció que “resultará necesaria la intervención de la Legislatura”, pero ni eso. También por decreto, con la firma del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur.

Tal como consta en el decreto de Macri, “la propuesta (de Techint) incluye que la empresa tome a su cargo la concesión unificada del mantenimiento de las instalaciones y equipamiento y la limpieza de los edificios, que en la actualidad se encuentran tercerizadas en empresas diferentes”. O sea, se quedaría con la obra millonaria y con el mantenimiento posterior por un plazo de 15 años.

En el powerpoint del Gobierno porteño que circuló entre legisladores hay una placa dedicada al tema. Según los cálculos de Rodríguez Larreta, el edificio nuevo requerirá de 6 millones de pesos por mes para su mantenimiento y limpieza. Lo que se olvidó de mencionar es que seguramente irán a las arcas de Techint.

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El Destape se comunicó con Techint y con el Ministerio de Salud porteño. Desde el holding Rocca respondieron que no tienen información del tema. Desde la cartera a cargo de Ana Maria Bou Perez, que están evaluando el proyecto.

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El “Complejo Hospitalario Sur” busca unificar 5 hospitales en uno en el predio que hoy ocupa el Hospital de Infecciosos “Francisco Javier Muñiz” en Parque Patricios. Los hospitales que cerrarían y trasladarían allí son el Hospital de Gastroenterología “Udaondo”, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “M. Ferrer”, el Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie” y el Instituto de Rehabilitación Psicofìsica (IPER). Todos son hospitales monovalentes, es decir, especializados en alguna patología. La excusa para unificarlos es conformar un nuevo hospital general o de alta complejidad. Esto último es algo a lo que nadie se opone salvo por un detalle importante: que no sea a costa del cierre de otros 4, lo que perjudica a pacientes, trabajadores y deja zonas de la ciudad sin cobertura sanitaria.

En 2017, según los datos oficiales del Gobierno porteño, entre los 5 hospitales tuvieron más de 400.000 consultas externas. El mayor es el Muñiz, con casi la mitad. Lo siguen el Udaondo con 81.860, el Marie Curie con 73.512, el Ferrer con 44.749 y el IPER con 29.678.

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Nicolas Kreplak, miembro de la Fundación Soberanía Sanitaria, plantea: “El cierre de 5 hospitales para la apertura de uno, el 5x1, no es más que la continuidad de la política de ajuste en salud que comenzó en 2007 vetando la ley de producción pública de medicamentos en CABA. La necesidad de un hospital de alta complejidad está presente, y por ley, en la zona de Soldati. Sin embargo al sistema de la CABA le faltan servicios de rehabilitación y tratamiento de crónicos".

"El sistema debe expandirse y no seguir achicándose, incorporando prestaciones que no tiene y la población demanda. Todo indica que el cierre de los hospitales obedece a la intención de realizar negocios inmobiliarios”, añadió.

Según el Gobierno porteño, se estiman 50.000 metros cuadrados constructivos nuevos y 10.000 de remodelación y mejoras, con una inversión de 160 millones de dólares. El propio ejecutivo porteño asume que va a tener un recupero de 123,7 millones de dólares por las ventas de los predios de los hospitales Udaondo, Marie Curie, Ferrer e IREP. La cotización es de diciembre de 2017 y, según figura en el powerpoint que circuló el Gobierno y al que accedió El Destape, la hizo la firma LJ Ramos Brokers Inmobiliarios. El perfil de esta inmobiliaria deja en claro el objetivo de las ventas. LJ Ramos tiene sucursales en Palermo, Recoleta, San Isidro, Nordelta y una denominada Puertos.

Rodriguez Larreta planea que para diciembre de este año estén listos todos los papeles, que la licitación se resuelva el primer semestre de 2019 y que empiecen las obras a partir de julio próximo que van a durar 2 años.

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