Manuela Ponz, la joven de 22 años en abril de 2015 fue violada por un taxista, vive un nuevo calvario por culpa del Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich. Según denunció Ponz, el director del área de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal, Daniel Barberis, le retiró la asistencia psicológica y pasó su causa "sin carátula" a un Juzgado Nº 82 de Familia, en la ciudad de Buenos Aires.
La decisión del funcionario llegó luego de que Ponz, el 10 de abril pasado, compartiera en su cuenta de Twitter un flyer convocando para el miércoles 18 de abril, a las 11, a una concentración en las escalinatas de Tribunales para reclamar justicia en una investigación donde Tito Franklin Escobar Ayllon es el único sospechoso."Hago responsable a todo el Ministerio por cualquier cosa que me llegue a pasar. El destrato a una víctima es un espanto", afirmó en su cuenta de la red social del pajarito.
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Ponz se mostró enojada e indignada por lo ocurrido y aseguró que no recibió ningún tipo de explicación por parte de la cartera dirige Bullrich. "Sin mencionar lo esigmatizante que es para una víctima de abuso sexual ir organismo en organismo contando lo que me pasó. Este Ministerio de Seguridad, oscuro, no ha hecho más que revictimizarme en estos dos años y medio que viene ejecutando y disponiendo", declaró.
"Cuando llamé al Ministerio, por directiva del Sr. Daniel Barberis, el mismo que hace unos meses nos dijo a mí y a mi madre que 'nos estabamos pasando de la raya' y que el 'no era nuestro sirviente, no estaba ahí para servirnos', a partir de ahora no me brindarán más atención", dijo y sumó: "Osea, que a casi 3 años de que fui violada y que ellos, los responsables del CUFRE, que a su vez es responsable de buscar prófugos, la ÚNICA respuesta que tienen para darme es más burocracia. Me dijeron que le envíe e-mail a BARBERIS como si fuera su secretaria".
Por este motivo, inició una denuncia contra el Ministerio de Seguridad por incumplir con sus deberes públicos, por no haberla notificado de esta modificación y negarse a atenderla sin motivo.
Asimismo, la joven abusada en 2015 sufrió censura por parte de la producción de La cámara del crimen (TN). Le prometieron hacerle una nota a tres años del episodio, pero cuando Ponz dijo que tenía un audio donde probaba que el Ministerio le retiraba la asistencia, la productora le dijo que la nota se "bajó" porque pese a que "entiende que es un trato inhumano" su contenido político "no es televisivo".
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