El Gobierno nacional oficializó el cambio de orientación en la política de seguridad al derogar las resoluciones de la gestión de Patricia Bullrich que implicaron profundos cambios en el uso de armas de fuego, el empleo de las pistolas Taser y la creación del denominado "Servicio Cívico Voluntario Orientado a Valores". Las medidas, tomadas por la actual funcionaria Sabina Fréderic, ya entraron en vigencia y fueron publicadas en el Boletín Oficial.
A partir de la resolución 1231 de la mencionada cartera, el Gobierno de Alberto Fernández derogó el Protocolo de Uso de Armas de Fuego que había sido puesto en vigencia en los cuatro años de macrismo. Al respecto, la norma recuerda que dicho protocolo "amplía de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS".
Asimismo, también puso fin al protocolo de uso de "armas electrónicas no letales", las llamadas pistolas Taser X26. Ahora, pasan a ser consideradas "armas electrónicas menos letales", por lo que instruye a crear un nuevo protocolo de actuación que tenga en cuenta el potencial peligro que implica su uso. Sobre el protocolo de Bullrich, Fréderic afirma que "regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas “no letales” -que, en realidad, son “menos letales”, tal como lo reconoce su fabricante-. En efecto, no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas".
Por ese motivo, advierte, "la categorización como arma electrónica “no letal” podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal".
A su vez, elimina la resolución que creaba el Servicio Cívico Voluntario de Valores, la creación en plena campaña del macrismo cuando intentó seducir a parte de la clase media con un discurso duro. Llama, también, a que dentro de 30 días hábiles el servicio cívico quede a cargo de las áreas más competentes para tal fin. El Ministerio de Educación podría ser quien quede a cargo del mismo.
Por último, el Gobierno nacional derogó el programa de "Ofensores en Trenes", que permitía a las fuerzas de seguridad a pedir a los pasajeros de transporte público que se identifiquen simplemente bajo criterio de los policías y gendarmes. Al respecto, advierte que la medida no indica "cuál será el procedimiento a realizar en caso que el pasajero o pasajera carezca de dicho documento o se niegue a exhibirlo, pudiendo dar lugar a la detención, el traslado a una comisaría y la conformación de una causa por resistencia a la autoridad". "Esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", remarca la medida.
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