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Cuando estalló el escándalo porque el ex CEO de Shell aun poseía 16 millones de pesos en acciones de la filial argentina de la firma angloholandesa, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, recomendó públicamente "delegar la firma hacia abajo o a los costados". Luego, retrocedió parcialmente y si bien sostiene de forma increíble que la situación no es ilegal, el autor del tarifazo tiene el "deber ético" de desprenderse de esos activos.
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La ley de Ética Pública regula este tipo de situaciones. Un funcionario no puede "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa".
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Si se diera alguna de estas incompatibilidades, la ley obliga a "renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo" y además "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años". Es decir, desde 2013 a la fecha.
Del otro lado del mostrador
La Secretaría de Minería está a cargo de Daniel Meilán. El funcionario, que ocupó el mismo cargo durante la presidencia de Carlos Menem y la breve estadía de Adolfo Rodríguez Saá, En el sector privado es parte de CMI SA, una firma dedicada a la explotación minera, que en 2007 recibió el permiso para la explotación de minas de arcilla por parte de Chubut. Según consigna el portal Nuestras Voces, en 2014 Meilán fue designado en el directorio de la empresa. Hoy regula el área en donde hasta hace poco trabajaba.
Otro caso llamativo es el de José Luis Sureda, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Recursos Hidrocarburíferos. Según informa el propio ministerio en los antecedentes del funcionario, entre diciembre 1997 y octubre de 2015 trabajó en Pan American Energy, a donde llegó al cargo de vicepresidente comercial.
Sebastián Scheimberg es el subsecretario de Coordinación Administrativa. Con un pasado en la YPF privada, de donde se retiró en 2003, forma parte de los equipos técnicos que provienen de la fundación Pensar. Además, entre 2010 hasta noviembre de 2015, formó parte del estudio Montamat y Asociados, del ex secretario de Energía (y actual asesor de Aranguren). El estudio se dedica, precisamente, a dar "asesoramiento jurídico, económico, de tecnología informática y de investigación de mercado, a reparticiones gubernamentales, empresas líderes, inversores, instituciones y organismos financieros nacionales e internacionales del Sector Energético (petróleo, gas y electricidad)".
Un puesto clave en estos días es el del subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, hoy a cargo de Andrés Chambouleyron. El abogado fue testigo contra la Argentina en juicios ante el CIADI, el tribunal relativo a inversiones del Banco Mundial donde varias firmas privatizadas demandaron al país por la devaluación del 2002.
Y quizás el caso más explícito sea el de David Tezanos González, interventor del Enargas. Hasta antes de asumir en esa función, se desempeñaba como presidente del directorio de Metrogas, la compañía que hoy debería controlar. Un caso más de zorros cuidando del gallinero.
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