Alberto Fernández gestiona rodeado de problemas que surgen a diario en las distintas dependencias. En el marco de un país en crisis y con el grave problema de la deuda externa, una nueva bomba económica se encontró: si el Gobierno avanza en la rescisión del contrato por el soterramiento del Sarmiento, un millonario juicio podría afrontar el Estado luego de una medida de Mauricio Macri y Guillermo Dietrich para beneficiar a la contratista.
El soterramiento del Sarmiento, judicializado por presuntos casos de judicialización, se vio sometido a varios cambios en la era Cambiemos. En agosto de 2017, a través de la Resolución 695, el Ministerio de Transporte autorizó el cambio de conformación del Consorcio contratista, que queda formado entonces por GHELLA y SACDE, dejando afuera a IECSA y ODEBRECHT, investigados por pagos de coimas. Uno de los apuntados por la Justicia es Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
En medio de la crisis que se disparó post elecciones de medio término y el creciente ajuste económico, Macri ordenó mediante la Orden de Servicio No 548, en diciembre de 2018, paralizar la obra que, hasta ahora, lleva ejecutada solo un 27%.
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Pero la paralización de la obra por razones presupuestarias no impidió que siete meses después, en julio de 2019, se reformulara el contrato cambiando el método de construcción y los montos de la nueva re determinación. A través de la Resolución 394/2019, Dietrich presupuestó la obra por casi 1.200 millones de dólares. “Esta consolidación de montos dejó al contratista en una posición jurídica ventajosa, porque es el propio Estado quien fija esos montos”, advierten desde la gestión de Fernández a El Destape por el peligro de una eventual rescisión.
Es que el actual responsable de la cartera de Transporte, Mario Meoni, expresado que estaba en análisis la posibilidad de dejar de financiar la obra. En ese momento, advirtió que había tres etapas de discusión y es justamente en una de ellas, la jurídica, la que encendió la alarma por el impacto negativo que puede conllevar para el Estado avanzar con la medida.
Desde el entorno de Meoni reconocen que Macri dejó una “bomba cazabobos” que tiene atado de pies y manos a Fernández porque deja al Estado en incumplimiento y con el riesgo de afrontar un juicio con mucha pérdida. La emergencia económica actual vuelve imposible el avance de la obra (costaría más de 926 millones de dólares) porque no hay fondos para afrontar ese gasto, pero mantener la obra paralizada y no avanzar con la rescisión (estimada en 900 millones de pesos) por lo que jurídicamente podría implicar, origina una pérdida mensual de “entre 5 y 6 millones de pesos, sin contar sueldos” para las arcas públicas.
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