No exageramos cuando decimos que con el anuncio del nuevo protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear armas de fuego se intenta legalizar la ejecución sumaria y dejar impunes a todos los agentes que lo apliquen.
Algunos dicen que así la ministra Patricia Bullrich inició la campaña de Cambiemos para 2019. Está a la vista que la crisis les impide hacer campaña con la economía, pero parece que ese no es el único ni tal vez el principal objetivo.
Quiere dar un mensaje político. Y no solo de palabras se trata: intentan endurecer los mecanismos de control social en tiempos que se avecinan difíciles por el innegable deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares.
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Rápidamente presentamos una medida judicial para que se declare inconstitucional e inaplicable.
La Resolución Nº 956/2018 de Bullrich es tan amplia que podría utilizarse hasta en movilizaciones populares. Y nos resulta muy preocupante también por el contexto en que se promueve: el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana y Marcos Soria de la CTEP y la represión a conflictos gremiales como Siam y Cresta Roja.
Con esta escalada represiva, ampliamente repudiada por la sociedad, Bullrich busca ampliar el poder de fuego de las fuerzas de seguridad y dejar impunes a todos los agentes federales que disparen a matar.
Subida a la ola continental, parece que la ministra quiere imitar patéticamente a Jair Bolsonaro, un promotor del gatillo fácil y la mano dura. No ha habido resultados positivos en ningún país donde se avanzó en la militarización.
Pero lo grave no termina allí, sino en la convalidación por parte de sectores de la oposición, que aceptan discutir en ese terreno y fortalecen el mensaje represivo. Miguel Ángel Pichetto llegó a decir que “cuando matan despiadadamente por robar, los delincuentes aplican la pena de muerte sin juicio”, en una comparación bochornosa. Sergio Berni recorre los canales de televisión haciendo su aporte: “Varias veces tuve que matar delincuentes y nunca tuve problemas”. Esta y otras afirmaciones realizadas por el exsecretario de Seguridad del kirchnerismo son música para los oídos de Bullrich, que puede anotarlo como un logro: con todos en su juego, no se habla del delito organizado ni de la relación de este con las fuerzas de seguridad. Nada, ni una palabra.
Porque estas campañas contra la inseguridad intentan correr el eje de que son las propias fuerzas las que organizan el gran delito con complicidad de sectores de la Justicia. Tienen el control territorial que les permite gerenciar negocios ilegales como el narcotráfico, regular la venta al menudeo sometiendo a jóvenes pobres, liberar el territorio y controlar los pasos de frontera. Son las mismas Policías las que están implicadas, de una manera u otra, en las redes de trata de personas, el tráfico de armas, los desarmaderos de autos, que luego se comercializan en negocios que todos conocen.
Aunque el Gobierno pretenda mostrar que logró un supuesto éxito en el G20, lo cierto es que la economía se encuentra en una recesión profunda. Esta crisis económica tiene su expresión más dolorosa en el informe que acaba de presentar Unicef, donde indica que el 48 % de los niños en Argentina vive en la pobreza. Se trata de 6,5 millones de chicos que sufren problemas de vivienda, salud y educación.
Además, los acuerdos con el FMI y la aprobación del Presupuesto 2019 anuncian más ajuste, y Cambiemos sabe que continuarán las movilizaciones para parar el saqueo. Por eso quieren tener el control de las calles. Ya sabemos que para Cambiemos hay movilizaciones que sí son correctas, en las que hasta participan sus referentes, como las de las patronales agrarias, que en 2008 cortaban las rutas y desabastecían el país.
Si con la legislación vigente desde 1983 hasta 2017 fueron asesinados 5.500 jóvenes por el gatillo fácil, con el protocolo de Bullrich el número se incrementará de forma abismal. Son las familias movilizadas las que han conseguido condenas, como las que recibieron los prefectos que torturaron a integrantes de La Poderosa. Fue su lucha la que logró un fallo inédito, donde por primera vez los condenan por tortura, una práctica que ejercen con frecuencia. El protocolo se lo querrán aplicar a los pibes pobres.
Tenemos que enfrentar esta escalada represiva contra el pueblo trabajador y también el saqueo del FMI por parte del Gobierno nacional y los gobernadores del PJ. Así como nos movilizamos contra el fallo de la Corte Suprema a favor del 2x1, todos los que nos oponemos a esta avanzada debemos impulsar una gran campaña democrática para frenar de una vez por todas estas políticas reaccionarias. Si no las enfrentamos, se instalan.
*La autora de la nota es diputada porteña por el PTS/Frente de Izquierda.
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