El Gobierno nacional aprovechó el episodio de violencia que sufrió en San Martín un joven que se negó a pagarle a una mujer cuidacoche para retomar su histórico reclamo: prohibir el trabajo de los "trapitos".
Lo aseguró el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien adelantó que una ley provincial o la unificación de criterio en ordenanzas municipales deberán combatir la actividad ilegal de las organizaciones que lucran con los "trapitos" y "limpiavidrios" en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.
Además, admitió ayer que algunos policías bonaerenses "pueden estar entongados con las mafias de los denominados trapitos y afirmó que van a erradicarlos.
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El ministro de Seguridad bonaerense puso como ejemplo la política llevada adelante por el intendente de Pinamar, Martín Yeza, que avanza con un proyecto denominado "Trapitos cero" y aclaró: "Vamos a tener que extenderlo a toda la provincia", dijo Ritondo.
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Sin embargo, el gobierno nacional deberá hablar con los intendentes de la provincia de Buenos Aires porque hay distritos donde, por ordenanza, se permite la actividad regulada de los denominados trapitos.
En San Martín hasta la asunción del actual intendente, Gabriel Katopodis, en diciembre de 2011, había cuidacoches habilitados por la Municipalidad.
En su gestión en el gobierno porteño el PRO intentó en cuatro oportunidades prohibir a los cuidacoches pero nunca tuvo éxito ya que la oposición porteña rechazaba la iniciativa. En 2012 la oposición de la Ciudad había aprobado una ley para formalizar el trabajo de los trapitos que fue vetada por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
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