El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) hizo un informe acerca del financiamiento de campaña, pero omitió hacer referencia a la investigación de El Destape que muestra que Cambiemos utilizó las identidades de cientos de beneficiarios sociales para intentar blanquear el dinero de la campaña.
"Quién, cómo y en qué: recomendaciones para desarrollar un régimen de financiamiento de la política en provincia de Buenos Aires", expresó Cippec en el título de un documento que publicó en 2017. Ahora existe un llamativo silencio acerca del financiamiento de campaña del gobierno.
La investigación de El Destape condujo a que el juez Sebastián Casanello abriera una investigación penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los responsables financieros formales de la campaña de Cambiemos de 2017 en la Provincia de Buenos Aires, Alfredo Irigoin y Silvia Chabán, sin descartar que con el correr de la causa se sumen nuevos implicados.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello ordenó un informe a la Cámara Nacional Electoral, que mostró un resultado contundente: 99 de los 100 supuestos aportantes beneficiarios de planes sociales también fueron afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia llevó a que habitantes de diferentes localidades del interior bonaerense como Junín, Olavarría, Saladillo, Tres Arroyos y Arenales denunciaran que no aportaron a la campaña. Hasta propios funcionarios de Cambiemos y Concejales acusaron que el propio partido los involucró en la financiación de campaña, pese a nunca haber entregado un peso.
Cerrar sesión