En una nueva resolución en el marco del D’Alassiogte, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla expuso a los artífices del lawfare en los tribunales de Comodoro Py. En el marco de la causa por espionaje ilegal que instruye en su juzgado, describió cómo actuaron Claudio Bonadío, Julián Ercolini y el camarista Martín Irurzun para armar expedientes y proteger al fiscal Carlos Stornelli. Citó como ejemplo, el caso GNL.
En una resolución firmada este miércoles, en la que rechaza un pedido de inhibitoria que le había realizado Bonadío (es decir, que deje de intervenir), Ramos Padilla desarrolló cómo se articularon los jueces de Comodoro Py mencionados para intentar quitarle la causa conocida como “D’Alessiogate”. En ese contexto, relata diversas ilegalidades diagramadas en los tribunales de Retiro.
“Una grave irregularidad en la Justicia”. Con ese subtítulo, Ramos Padilla se refirió a la forma en la que se mancomunaron distintos jueces para intentar derribar el expediente en el que investiga a una red de espionaje ilegal con terminales políticas, judiciales y periodísticas.
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Para Ramos Padilla, el pedido de inhibitoria que le hizo Bonadío, que fue respaldado por Stornelli y pretendía acumular el D’Alessiogate a la causa de GNL, “podría tratarse simplemente de una resolución vinculada a un pedido manifiestamente irregular, si no fuera porque se produjeron sistemáticos pedidos de similar tenor desde el fuero federal capitalino hacia este Tribunal, intentando remover de esta jurisdicción los hechos que se le imputan a Carlos Stornelli”.
Es que de los siete hechos que se le imputan al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos tres fueron reclamados por doctor Glock, Ercolini e Irurzun. Las tres figuras paradigmáticas del lawfare. Los dos primeros acumulan todos los procesamientos que le realizaron en Comodoro Py a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Irurzun, hacedor de la doctrina por la cual se inició la detención arbitraria de varios dirigentes kichenristas, es el presidente de la Cámara Federal porteña, es decir, uno de los funcionarios judiciales más poderosos de los tribunales de Retiro. Por ejemplo, define con su dedo qué magistrado debe intervenir en una causa si hay conflicto de competencia en Py.
A esta situación se suma que Stornelli fue “legitimado, ya sea en calidad de acusador público o privado, en 4 de los 7 hechos” que se le imputan en el D’Alessiogate, “a partir de procesos paralelos u oblicuos” que tramitan en Comodoro Py. Es que el titular de la fiscalía N°4 fue aceptado como querellante en dos casos (uno que lleva Ercolini y otro Casanello, quien quiso enviar el expediente a Dolores pero Irurzun se lo rechazó) y fue fiscal en otros dos (GNL y caso Brusa Dovat).
“Resulta difícil considerar que se trata de meras casualidades, cuando el primer pedido de inhibitoria se produjo a pocos días de haber tomado estado público la causa, y fue formulado por el Dr. Ercolini en base a la sola denuncia de Stornelli”, sostuvo Ramos Padilla.
La irregularidad más explícita fue la que se dio en la causa GNL. Se trata de un expediente repleto de irregularidades, instruido por Bonadío y Stornelli en Comodoro Py, donde se presentó D'Alessio -que estuvo vinculado a la AFI- como testigo. Con la excusa de una supuesta conexidad con esa pesquisa, el difunto magistrado y el fiscal procesado reclamaron a Ramos Padilla que deje de analizar el vínculo de la banda de D'Alessio con ese caso. Ambos funcionarios judiciales estaban siendo investigados por sus vínculos con la red de espionaje ilegal. El juez de Dolores fue contundente: querían “investigar los hechos que se les imputaban, cuestión elementalmente contraria a cualquier sistema de administración de justicia. Por más obvio que resulte, no es viable que los acusados se investiguen a sí mismos.” Lo consideró “una aberración jurídica”.
Para el magistrado de Dolores, “la existencia de una severa imputación respecto de un Fiscal Federal impone al sistema de justicia actuar con máxima prudencia y transparencia, lo que no se condice con los insólitos reclamos que sistemáticamente comenzaron a realizarse desde los tribunales de Comodoro Py, precisamente respecto de los hechos que se le imputan a Stornelli”.
Según Ramos Padilla, la gravedad de la situación radica en que “diversos magistrados” pusieron a “disposición” de Stornelli “los tribunales a su cargo” para desarrollar sus estrategias de defensa.
¿Y por qué se sucedieron estos planteos desesperados desde Comodoro Py? Porque temían lo que finalmente terminó sucediendo: que el D’Alessiogate expusiera las aberraciones jurídicas que cometieron.
Tras la muerte del titular del juzgado federal Nº 11, el despacho quedó por un año en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en todas las causas que dejó abiertas Bonadío.
Las irregularidades de GNL
Ramos Padilla investiga a una organización criminal dedicada a realizar actividades de espionaje ilegal en los ámbitos judiciales, políticos, periodísticos y empresariales. Muchas de estas maniobras fueron detalladas en un documento que se encontró en poder de D’Alessio, denominado “Síntesis de investigaciones actuales”. Allí se describían distintos operativos, entre los que se encontraba el accionar de la banda en la causa conocida como “Gas Nacional Licuado” o GNL.
Ese expediente tuvo varias particularidades. Contó con la citación como testigo, en dos ocasiones, del espía ilegal Marcelo D’Alessio, procesado en Dolores. El falso abogado presentó algunos de sus informes de inteligencia ilegal y hasta aportó cuatro carpetas (dijo que eran anónimos) con información que obtuvo cuando se infiltró en la empresa estatal ENARSA.
En GNL, donde se llegó a procesar a Julio De Vido, Roberto Baratta y hasta a Cristina Fernández de Kirchner, también se menciona como prueba un libro del periodista Daniel Santoro, otro de los procesados en la causa 88/2019. Y hasta cuenta con el peritaje trucho de David Cohen, perito que debe afrontar un juicio por falso testimonio por su pésima labor en este expediente. Además, vía GNL, el tándem Bonadio-Stornelli se quedó con la causa Cuadernos.
Ramos Padilla constató que D'Alessio y su banda produjo "informes ilegales desde el año 2017, en particular, dos de gran importancia denominados ‘informe Dr. Bonadío’ e ‘informe Dr. Stornelli’. El último se corroboró que fue presentado ante el Fiscal aludido”.
Por la vinculación con la organización criminal que surge de este caso (no es el único), Stornelli fue procesado por Ramos Padilla el 18 de diciembre pasado. Por su parte, Bonadío había sido notificado el 10 de junio de 2019 de su situación procesal en el expediente.
La prueba en contra de ambos es comprometedora. Por ejemplo, se encontró un correo electrónico, fechado el 22 de octubre de 2017, que D’Alessio envió a la casilla zorenpu@gmail.com, donde el espía resaltó la predisposición de Stornelli y Bonadío a recibir información en la causa GNL: “Hola Gaby. Te adjunto una presentación y la síntesis del informe que en su momento le acerqué a Claudio. Destaco el empeño, más allá de brindarle la info necesaria, que ha puesto tanto Bonadío como Stornelli en entender la tipicidad y la matriz de corrupción ENARSA”.
A pesar de esta situación (o justamente, por ese motivo), en el marco de esta causa, doctor Glock le había pedido a Ramos Padilla que se inhiba de seguir investigando. El juez de Dolores la rechazó este 11 de marzo por distintas razones:
1) Se violarían las reglas de conexidad existentes, ya que no existe ningún tipo de vinculación objetiva o subjetiva entre los objetos procesales de ambos expedientes, es decir, GNL y D’Alssiogate.
2) La causa de atracción, es decir, GNL, se encuentra en otra instancia.
3) El tribunal afectado por el posible delito investigado sería quien juzgue el mismo.
4) Se contravendrían los lineamientos establecidos por la Cámara Federal de Mar del Plata y la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la competencia territorial del juzgado de Dolores.
5) “Se colocaría al Fiscal Carlos Stornelli como acusador de, precisamente, Carlos Stornelli, en relación con un hecho por el que se encuentra procesado”.
La mano de Ercolini e Irurzun
Tanto Ercolini como Irurzun intentaron también quitarle el D’Alessiogate a Ramos Padilla. Al menos, los casos que comprometen a Stornelli que son, hasta el momento, 7.
El caso que tramita Ercolini, por el que le pidió a Ramos Padilla que deje de intervenir, tiene la misma base fáctica que la causa que tramita en Dolores pero con una diferencia crucial: Stornelli resulta denunciante y se lo coloca como víctima de la maniobra. El fiscal dice que fue engañado por D’Alessio.
El que involucra a Irurzun es otro de los hechos por los que Stornelli fue convocado a prestar declaración indagatoria en Dolores: el caso que damnificó a Pablo Barreiro, exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner. Aquí, el fiscal se volvió a ubicar como víctima. Este expediente está en manos de Sebastián Casanello quien consideró que debía enviarse a Dolores por conexidad pero su superior, el mentado Irurzun, que intervino tras una apelación, le ordenó que modificara su posición, le pidiera a Ramos Padilla que se inhiba y continuara con la investigación.
Ramos Padilla rechazó los pedidos de inhibición que le formularon ya que consideró que no corresponde desguazar el expediente. El juez tiene una posición clara: “Está claro que si el análisis de los acontecimientos se realiza de manera parcializada o descontextualizada, como aquí se pretende a partir del desmembramiento de la investigación, se podría arribar a conclusiones y valoraciones de la prueba distintas e incluso al dictado de resoluciones contradictorias”. Es decir, se tergiversaría la pesquisa, el objetivo central de quienes quisieron desmembrar el D'Alessiogate.
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