El juez Alejo Ramos Padilla dispuso una serie de medidas de investigación entre las que se destaca un pedido a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE) para que informe si hubo comunicaciones por celular o mail con el espía ilegal Marcelo D’Alessio, el ex espía Rolando Barreiro y los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi. La decisión del juez llegó tras un dictamen del fiscal Juan Pablo Curi en el que pidió esa entre una batería de 44 medidas de prueba, acción por la cuál no hizo más que ratificar de hecho la competencia de Ramos Padilla en esta investigación.
“Requiérase a la Agencia Federal de Inteligencia que informe si se entabló algún tipo de comunicación desde dicho Organismo” con los celulares y mails vinculados a D’Alessio, Barreiro, Bogoliuk y Degastaldi, dice la resolución de Ramos Padilla.
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Tanto el juez Ramos Padilla como el fiscal Curi aclararon que en el caso de los ex comisarios Bogoliuk y Degastaldi la información que se requiere a la AFI “no incluye el período en el que los mismos se desempeñaron en tal organismo”. La aclaración, valga la redundancia, aclara que ambos fueron espías.
Respecto al entramado de espías, Ramos Padilla también accedió al pedido del fiscal Curi de solicitar la declaración indagatoria del espía Claudio Álvarez ante el juez Luis Rodríguez en el marco de la causa donde se investiga la extorsión al ex despachante de aduanas Gabriel Traficante. Más allá de esto, Ramos Padilla ya le pidió al juez Rodriguez que le remita esa causa para sumarla a sus investigaciones sobre la trama de operaciones de espionaje e inteligencia ilegales.
En su dictamen, el fiscal Curi reiteró sus quejas por la forma en la que accede a la causa. El juez Ramos Padilla le contestó que accede igual que todas las partes sin más inconveniente que la falta de recursos que aqueja al tribunal.
El juez Ramos Padilla hizo lugar a buena parte de las 44 medidas que solicitó el fiscal Curi. Las restantes las tuvo por presentes, es decir, las va a evaluar. La medida 5 que pidió Curi, por ejemplo, está vinculada al operador de Clarín Daniel Santoro. Curi solicitó que se confirme con las empresas de telefonía el número celular de Santoro (que aquí no se reproduce) y que, si Ramos Padilla lo consideraba pertinente, que se requieran “los listados de comunicación de esa línea; ello así, en miras a determinar si ese periodista tenía contacto habitual con alguno de los miembros de la organiación delictiva que se investiga en el marco de los presentes actuados”. Ramos Padiĺla tuvo presente el pedido pero aún no definió que hacer.
El fiscal Curi también pidió que se investigue si la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó algún informe sobre el Roberto Porcaro. Sin mencionarlo, el tema vincula también a Santoro, ya que éste le dijo a D’Alessio que tenía información de la UIF al respecto. Curi pidio que se evalúe citar a declaración testimonial a Porcaro.
El fiscal solicitó que se evalúe convocar a declaración testimonial a Mirtha Legrand e Ignacio Viale, en el marco de lo que se conoció como Operación Jaitt, hecho por el cual ya declararon Gustavo Vera y el ex SIDE y fiscal Eduardo Miragaya. A su vez, que se consulte a la Dirección Nacional de Migraciones y al sistema Nosis si hubo consulatr sobre Jorge Christian Castañon Destefano, uno de los casos que más complica al fiscal Carlos Stornelli en su relación promiscua con el espía ilegal D’Alessio.
A la par de las medidas de prueba, Ramos Padilla resolvió aceptar a Giselle Robles, ex abogada de Leonardo Fariña, como querellante. La abogada se presentó por su cuenta en el juzgado de Dolores tras conocer, según dijo, que fue víctima de seguimientos según relató en su declaración indagatoria el espía Barreiro. Robles ya fue dos veces a Dolores, y en ambas aportó documentación que, según explicó, muestran que las declaraciones de Fariña en las causas contra ex funcionarios kirchneristas fueron guionadas.
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