El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decidió este viernes una nueva batería de medidas en el D’alessiogate. Entre las principales, se destaca la ampliación de la declaración indagatoria del espía ilegal Marcelo D’Alessio y la del excomisario y exAFI, Ricardo Bogoliuk. El magistrado puso el foco en las millonarias transferencias internacionales de dinero que surgieron en la causa por espionaje ilegal que se sustancia en la justicia federal de Dolores. Sospecha que se trata de lavado de dinero.
El juez convocó para el 4 de junio a Bogoliuk y el 11 a D’Alessio para que amplíen su indagatoria. Ramos Padilla los acusa de integrar una asociación delictiva junto con Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti “dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, al menos desde el 20 de marzo al 11 de diciembre de 2018, transferencias financieras internacionales varias veces millonarias”.
Los giros fueron en dólares y euros y conectaron “a las distintas partes de los acuerdos (‘sender’ y ‘receiver’) a cambio de una comisión porcentual por cada una de las operaciones concretadas”. Todas las maniobras las realizaron, de acuerdo al magistrado, “a sabiendas del origen ilícito de los fondos que eran transferidos” y “con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”. En criollo: los acusa de lavado de dinero.
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En lo que respecta a Bogoliuk y de Gorriti, Ramos Padilla consideró que “representaban en las negociaciones y tenían contacto directo con una de las partes negociadoras, quienes transferían los fondos”.
Otras medidas
Entre otras medidas que tomó el magistrado en su resolución de este viernes resalta la solicitud a la Escuela Nacional de Inteligencia para que informe si D’Alessio, Bogoliuk, Aníbal Degastaldi, Carlos Liñani, el exAFI Rolado Hugo Barreiro, el militar Jorge Eduardo Vives, Eduardo Menchi, la abogada María Gasaro, y el actual agente de inteligencia, Pablo Pinamonti, formaron parte de dicha institución. Fue a raíz de un requerimiento del fiscal Juan Pablo Curi.
A su vez, Ramos Padilla también busca cruzar llamadas telefónicas e intercambios de mensajes entre los indagados en este caso. Focalizó el entrecruzamiento en un extenso período de tiempo: entre enero de 2015 y marzo de 2019. Para eso, pidió a las telefónicas que “proporcionen los listados de llamados telefónicos, alertas radiales y mensajes de texto -entrantes y salientes-, como así también un detalle con la activación de celdas” de 14 imputados.
La nómina incluye a los mentados D’Alessio, Bogoliuk, Degastaldi, Barreiro, Liñani, Menchi y suma a los abogados Rodrigo González, Franco Bindi, Giselle Robles y Florencia Guijo (quien coucheó a Leonardo Fariña para declara sobre obra pública), entre otros.
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