Ya desde el Presupuesto 2017 el Gobierno tenía planeado recortar las pensiones. El año pasado arrancó Cambiemos con el ajuste en los haberes por contingencias sociales y por el momento dejó sin cobertura a 83.000 personas, aunque la Justicia ya falló a favor de algunos de los damnificados.
El Gobierno entregó en 2015 exactamente 1.476.152 pensiones no contributivas, según el Presupuesto de ese año. En la ley de leyes para 2017, el objetivo era 1.451.996. Esto implicaba, en principio, dejar afuera a 54.321 personas. Los presupuestos se redactan el año previo a su ejecución, por lo que desde 2016 que Mauricio Macri habilitó este ajuste social.
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Pero hasta el momento se han registrado en la primera parte del año una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa. A la fecha, el Centro de Economía Política Argentina contó más de 83.133 casos, sobre la base de datos oficiales.
Comenzó todo cuando el Ministerio de Desarrollo Social aplicó el decreto 432/1997, redactado por Carlos Menem, dejado de lado por más de una década. Es que desde las coordinaciones económicas del Ejecutivo intentan recortar el galopante déficit fiscal con ajustes en todas las carteras del gabinete, sin excepciones.
Entre las causas por las que los pensionados son excluidos están la del patrimonio, ya que son varios titulares de automóviles que, muchos, están imposibilitados de recurrir al transporte público. Además, si su cónyuge recibe un beneficio previsional, como jubilación, son automáticamente descartados de la pensión.
También fueron desplazados quienes poseen un trabajo en blanco, por el que pagan aportes. Por último, el ministerio de Carolina Stanley audita rigurosamente a quienes no alcanzan el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio (76%).
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La Justicia Federal ya se pronunció en contra de estos recortes unilaterales y sin previo aviso. El magistrado de General Roca, Hugo Greca, falló a favor de un pensionado rionegrino, quien en abril dejó de cobrar el beneficio con el que contaba desde hace 7 años. Desarrollo Social deberá devolverlo a la planilla de pensionados sin dilaciones.
Determinó el juez el 9 de junio “hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que deje de inmediato sin efecto la suspensión ordenada del beneficio a favor de Miguel Ricardo Bravo y se continúe su regular pago en los términos en que fue otorgada hasta el período mayo de 2017, y ello hasta que se dicte sentencia definitiva”. La medida cautelar había sido interpuesta por iniciativa del diputado nacional Martín Doñate (PJ-FPV).
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