El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió este viernes que "la Procuración del Tesoro está revisando todos los contratos" de la constructora brasileña Odebrecht en el país para definir si la desplazan del consorcio que se encarga del soterramiento del tren Sarmiento.
Garavano también precisó que la semana que viene se va a concretar la nueva reunión con el abogado de Odebrecht que estaba prevista para el miércoles pasado y que debió ser suspendida como consecuencia de los seis allanamientos que ordenó el juez federal Sebastián Casanello.
El funcionario también reconoció que "no son muy alentadores los precedentes" que existen en el país de empresas que pagaron coimas a distintos gobiernos, y puso como ejemplo los casos de las compañías Skanska y Siemens.
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Consultado sobre si el Gobierno está analizando desplazar a Odebrecht del soterramiento del Sarmiento, respondió que "eso es una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios" y agregó que "en este momento" la "Procuración del Tesoro está revisando todos los contratos de la empresa en el país y eso lo hace con cada uno de los ministerios".
"Entiendo que hay obras contratadas por el gobierno anterior, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Energía y con el Ministerio de Transporte", precisó en declaraciones a radio Mitre.
Garavano indicó que el Ejecutivo nacional está "revisando los distintos procesos" en esta negociación con directivos de la compañía para que aporten datos sobre los 35 millones de dólares que la empresa brasileña reconoció haber pagado en concepto de sobornos en la Argentina.
En este sentido, amplió que "en Brasil existe la responsabilidad penal de las empresas y en Argentina eso no existe", pero recordó que el Gobierno mandó "en agosto un proyecto de ley (al Congreso) para tratar de penalizar a las empresas que comentan estos actos".
El funcionario cuestionó que "recién este año se empezó a mover" en el Parlamento en este proyecto "que es clave", al que buscan incorporarle "una cláusula adicional" para los casos de corrupción ocurridos antes de la eventual sanción de esa ley.
"Al ser una ley penal, se aplica hacia adelante", puntualizó Garavano, quien dijo que la nueva cláusula busca "que se permita atender a todas las empresas involucradas en hechos de corrupción hacia atrás, no puede ser una sanción, pero sí se pueden prever acuerdos de colaboración".
"Hay 35 millones de dólares que pagaron en coimas a funcionarios públicos del gobierno de la señora (por la ex presidenta Cristina Fernández), lo que hay que ver es quiénes fueron y cómo se hizo. Esto fue admitido por la empresa en Brasil y los Estados Unidos, y no por ser del gobierno de ella", aseguró.
En este sentido, el ministro de Justicia consideró que "es violento que se reconozcan estas coimas de 35 millones de dólares y por otro lado ver todo lo que falta para la gente que menos tiene", por lo que sostuvo que "tenemos que empezar a tomar conciencia de eso y dejar los discursos".
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