El gobierno de Mauricio Macri publicó una dirección destinada al Programa de Testigos Protegidos e Imputados, información que requiere cierto nivel de cuidado al tratarse de un área sensible del Ministerio de Justicia, de Germán Garavano.
Con fecha del 29 de noviembre, la Agencia de Administración de Bienes del Estado informó sobre la tramitación de un expediente iniciado por la Dirección del Programa en cuestión para solicitar la asignación de unos bienes inmuebles.
Lo llamativo es que el Gobierno hizo públicas sus direcciones en el Boletín Oficial de hoy. Las mismas corresponden a la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Concordia, inmuebles que "se destinarán al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados", creado por ley y que el macrismo modificó en sus últimos días en el poder.
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Altas fuentes del área le aseguraron a El Destape que tal publicación es "un escándalo" ya que, aunque se trate de oficinas, las direcciones siempre deben permanecer bajo resguardo. No sólo dieron a conocer los domicilios, sino que lo hicieron con lujo de detalles, especificando el piso y el departamento.
El Programa de Protegidos cuenta con "casas seguras" destinadas a albergar a los testigos en absoluto anonimato para garantizar su seguridad. Si estas "casas seguras" se hacen públicas o se evidencia que allí se "esconde" alguien importante - por el movimiento de la custodia -, el domicilio se abandona y se ordena una relocalización.
Si bien es de estimar que la dirección publicada no pertenezca a una "casa segura" sino a oficinas, las fuentes aseguraron que incluso los trabajadores deben tener reuniones por fuera de los despachos del Programa para no comprometer la ubicación.
La publicación de esas direcciones no sólo puede poner en riesgo a un testigo - en caso de utilizar el espacio como "casa segura" - sino también a los agentes, operadores y funcionarios del área que también se manejan bajo confidencialidad. Para evitar la exposición, una forma de hacer el traspaso de tierras, explicaron, es mediante un pedido directo del Ministerio de Justicia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sin necesidad de dar precisiones sobre una locación.
También resultó llamativo que se refirieran al organismo como "Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", ya que este mismo Gobierno lo modificó y cambió por la "Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados" el mismo 29 de noviembre citado inicialmente.
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Por decreto de necesidad y urgencia, Mauricio Macri creó este ente autárquico con una Dirección a cargo de la Cámara de Casación Penal, integrada por representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Seguridad y, con aprobación en última instancia, de Justicia. Pese a haber sido autores de semejante cambio hace menos de una semana, el macrismo parece no haberse hecho eco de tal modificación al referirse a él con su denominación anterior.
En esta modificación, se especificó: "El deber de confidencialidad se extiende a los datos relativos al honor, modo de vida e intereses privados de las personas incluidas, de los que los agentes públicos tomaren conocimiento en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, y abarca a cualquier persona ajena a la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados que, por su oficio, profesión u ocupación, tuvieran acceso a la información referida a los casos que se tramitan bajo la órbita de la Agencia”. Este deber de confidencialidad fue quebrantado por el propio Gobierno.
Ésto generó mucho descontento en el ámbito judicial, especialmente en Casación Penal, y la publicación de una dirección del Programa generó malestar dentro del ambiente de protección de testigos. Como reveló este medio, este organismo fue utilizado como un sistema de premios y castigos para el armado de causas contra exfuncionarios kirchneristas.
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