El gobierno de Mauricio Macri acaba de mandar al Senado el pliego de un abogado “pro-vida” y activista de los grupos pro-impunidad que se presentan como de “memoria completa” para ser designado como defensor público en Tucumán.
Se trata de José María Sacheri, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires y docente en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde ha impartido distintos cursos de derechos humanos.
Sacheri fue el año pasado uno de los activos detractores de la marea verde por el aborto legal, seguro y gratuito. Uno de los fundadores del llamado Partido de la Vida que luego se fusionó con otras agrupaciones anti-derechos para confluir en el Frente Federal Familia y Vida (FFFyV), que pretenderá hacerse con algún escaño en las elecciones de este año. El Frente tuvo entre sus padrinos y madrinos al médico Abel Albino (célebre por sostener que los preservativos no impiden el contagio del VIH), Cynthia Hotton (actual representante del gobierno ante la Organización de Estados Americanos) y el diputado salteño Alfredo Olmedo. El nombre del frente deriva de la agrupación Familia y Vida, creada al fin de la dictadura y que tuvo a Sacheri como uno de sus impulsores.
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El candidato del gobierno para ocupar un cargo como defensor público en Tucumán es el hijo del filósofo integrista Carlos Sacheri, asesinado en diciembre de 1974 cuando salía de misa en la catedral de San Isidro. La acción fue atribuida por el Ejército al ERP-22, aunque, como destaca el periodista Horacio Verbitsky, también se sospechó de la Triple A por el crimen.
Como relatan en el libro Hijos de los 70 las periodistas Astrid Pikielny y Carolina Arenes, Sacheri integra una ONG llamada Asociación Víctimas del Terrorismo en Argentina. También impulsó la iniciativa “70 veces 7” que promovía la “reconciliación” por lo sucedido en los 70, que él describe a las autoras como una “guerra civil”. Según destaca en esa publicación, Sacheri dice que las “guerras civiles” no terminan en la justicia, sino con leyes de pacificación.
En el libro sostiene que tanto los delitos de agentes estatales – declarados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Suprema en 2004 – como los de la guerrilla están prescriptos. Sin embargo, él impulsó como abogado una causa que pretendía reabrir la causa por la bomba en Coordinación Federal y llevar a juicio a exintegrantes de Montoneros. El atentado sucedió el 2 de julio de 1976 en la dependencia de la calle Moreno al 1400, cuando funcionaba allí un centro clandestino. La represalia de la dictadura al atentado fue feroz: dos días después asesinaron a tres padres palotinos y a dos seminaristas en la Parroquia de San Patricio en el barrio de Belgrano. También la masacre de Fátima estuvo relacionada con el ataque en Coordinación Federal. Sacheri no tuvo suerte con su planteo: el máximo tribunal sostuvo en 2012 que la causa había prescripto.
Sacheri también fue precandidato a senador nacional por Todos por Buenos Aires, una agrupación a la que el portal Infobae describió como el partido de los condenados por lesa humanidad. Compitieron en las PASO de 2017, pero no lograron superar el umbral electoral. Tomaban como uno de sus eslóganes en redes sociales lo que, para ellos, fue una promesa incumplida de campaña de Mauricio Macri: “terminar con el curro de los derechos humanos” – como el líder del PRO le había dicho a La Nación a fines de 2014.
Según figura en la web del Ministerio de Justicia de la Nación, Sacheri concursó para el mismo cargo en Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En todos los casos alternó entre el segundo y tercer puesto, pero el Ejecutivo decidió enviar su pliego para Tucumán. Entró su pedido de designación a la Comisión de Acuerdos del Senado el 16 de abril con el número 67/19.
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