Desde que asumió el macrismo, las políticas de Estado en cuanto a Derechos Humanos ya no son las mismas. Hubo demoras y obstáculos a los juicios de lesa humanidad, se le otorgó prisión domiciliaria a los represores, se volvió a hablar de "guerra sucia" y desfilaron los militares en el día de la Independencia, entre otros.
Sin embargo, ahora hay un nuevo retroceso: si la Justicia así lo decidiera, los abogados del Estado aceptarán la prisión domiciliaria para represores y no apelarán la decisión.
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Según el diario Clarín, si bien la Justicia denegó el pedido del represor Miguel Etchecolaz para obtener prisión domiciliaria, el Gobierno prevé un aumento de requerimientos ya que se impone la decisión política de no apelar.
Además, la semana pasada, el Gobierno decidió dejar de ser querellante en una delicada causa por delitos de lesa humanidad: el caso Saiegh, donde se investigan delitos perpetrados por un grupo de tareas de represores ligados a la Policía Federal.
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