Durante la jornada el juez Lijo le había pedido a Parrilli que brindara detalles sobre la identidad de dos supuestos agentes de inteligencia que fueron denunciados por el fiscal Nisman como partícipes de una presunta maniobra de encubrimiento de exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA, luego de que el Gobierno autorizara la desclasificación de sus identidades.
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"Consultada las áreas pertinentes del organismo, se hace saber que los señores Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio", indicó Parrilli en una nota formal girada al juez y difundida por Presidencia de la Nación.
Yrimia es un ex juez y abogado a quien Nisman pidió citar a indagatoria en el marco de su denuncia y Lijo pretende saber si él colaboró con la Secretaría de Inteligencia (SI) en el tema AMIA junto a Bogado, el otro presunto agente que habría sido el contacto paralelo entre el Gobierno y el hombre de confianza de Teherán en Buenos Aires Jorge "Yussuf" Khalil.
Por otra parte, Parrilli informó al juez que el pasado 12 de noviembre la SI "formuló denuncia criminal a los fines de esclarecer la posible comisión del delito de ´tráfico de influencia´ por parte del señor Allan Bogado, quien, no siendo personal del Organismo, se presentaba ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como agente de esta Secretaria", causa que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9 a cargo de Luis Rodríguez.
También le comunicó que, antes que Nisman, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, en agosto de 2013 y como parte de una causa que investigaba un caso de extorsión, había enviado un oficio a la SI para solicitar saber si Bogado prestaba servicios en esa secretaría y de inmediato se le notificó que no pertenecía al personal del área. El juez había brindado a Parrilli el nombre y apellido de estos supuestos agentes implicados en la trama, como paso previo a relevarlos del secreto para que declaren en la Justicia, tal como había solicitado Nisman.
Por otra parte, el fiscal Ramiro González solicitó que se desgrabe el contenido de 19 discos equivalentes a la capacidad de más de 900 CDs con escuchas mediante las cuales el fiscal Nisman basó su denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros.
En algunas de ellas el dirigente Luis D´Elía o el líder de Quebracho Fernando Esteche mantendrían conversaciones con Khalil, el representante iraní sin cargo oficial pero que habría sido el nexo del Gobierno argentino con Irán en medio de las presuntas negociaciones para armar falsas pruebas y desviar la acusación de los ex funcionarios iraníes acusados.
Khalil era el único de los denunciados por Nisman que tenía sus teléfonos intervenidos, unos cuatro celulares en total, y las escuchas habían sido autorizadas por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el atentado a la AMIA.
Por el momento, la causa iniciada por Nisman no fue habilitada a raíz de que aún está vigente la feria judicial, aunque "sí se toman medidas urgentes para resguardar la prueba", confió una fuente a NA, la cual explicó que en febrero se decidirá sobre la competencia de la investigación.
Lijo investiga las supuestas irregularidades y encubrimientos cometidos en la investigación del atentado a la AMIA y una gran porción de esa causa está ya en etapa de juicio oral y público con el expresidente Carlos Menem como acusado.
Por ello, el fiscal González debe pronunciarse sobre si existe conexión entre la denuncia de Nisman y lo que él investiga y luego tendrá la palabra Lijo: de decidir que no acumulará ambos casos, otro magistrado será sorteado para hacerse cargo de la investigación.
Fuente: NA