La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, decidió quitarle a la Gendarmería el usufructo del complejo de Chapadmalal, que volverá a tener un fin social, tal como fuera planificado por el primer gobierno de Juan Domingo Perón en la década del 40 y 50. La anterior gestión de Patricia Bullrich fue quien le había entregado el predio a dicha fuerza de seguridad.
La medida forma parte de la resolución 1231 de la citada cartera, que en la práctica implicó el giro de 180 grados en la política de seguridad del macrismo. En esa norma, el gobierno de Alberto Fernández puso fin a las medidas más polémicas de Macri y Bullrich: el protocolo de uso de armas de fuego, el uso de las pistolas Taser como armamento no letal, el Servicio Cívico Voluntario y el programa "Ofensores de Trenes" que permitía a la Policía y Gendarmería pedir documentos y detener a pasajeros de transporte público al voleo.
Además, la 1231 estableció la derogación de la resolución del gobierno de Macri que creaba un centro de formación en el complejo fundado por Perón en 1947 pero con el fin del turismo social y que fuera declarado monumento nacional. Al respecto, la resolución de Frederic, destacó que la cesión a Gendarmería "constituye una afrenta a la conservación colectiva de un “ícono social” asociado al derecho del disfrute turístico de los sectores asalariados y postergados; que socaba las deterioradas políticas de turismo social y contradice los valores de ese lugar emblemático de la cultura popular y la política argentina; y que simboliza un retroceso absoluto en materia de conquistas sociales y derechos humanos".
El complejo cuenta, además, con una residencia presidencial y fue utilizado en el último gobierno como sede de varios "retiros espirituales" del gabinete nacional.
La medida fue duramente criticada por la ex ministra Patricia Bullrich: "Espero que no se borre de un plumazo lo que se hizo con las fuerzas de seguridad. En el caso del uso de armas reglamentarias, los policías habían pasado a sentirse seguros", expresó Bullrich en declaraciones a radio La Red. En ese sentido, la ex ministra remarcó que "es lamentable que ahora dejen que los policías vuelvan a sentir incertidumbre y que estén desprotegidos".
"El Art. 34 del Código Penal es muy general, para defender a los policías hay que tener protocolos. Lo hicimos y ahora lo derogan. Lo lamento por la Policía, por la Gendarmería y por la gente", remarcó la ex funcionaria, presidenta del PRO y promotora de un discurso de mano dura. "Cuando estaban los otros protocolos que hacían que los miembros de las fuerzas de seguridad tuvieran miedo, había más muertes de policías y de civiles", afirmó.
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