Con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno nacional creó la Agencia Nacional a Testigos e imputados que contará con un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, un representante de la Procuración General de la Nación y a un integrante del Ministerio de Seguridad. La medida implica que el programa utilizado por el macrismo para negociar declaraciones en contra del kirchnerismo deje de depender directamente del Ministerio de Justicia y pase a hacerlo de una nueva oficina, cuyo titular será designado por el propio Macri.
Un ex director del Programa de Testigos Protegidos había alertado que el gobierno buscaba tapar irregularidades en las declaraciones de los arrepentidos.
"Créase la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS destinada a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal", afirmar el artículo primero del decreto que lleva la firma de todos los ministros y del presidente Mauricio Macri.
Acerca de la conformación del consejo consultivo de la agencia de testigos, el decreto establece: "Invítase a presidirlo al Presidente de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, y a integrarlo al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN o un funcionario de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL".
El titular de la flamante agencia será designado por el Presidente de la Nación, bajo propuesta del Consejo Consultivo, que según la normativa estará conformado por Eduardo Casal como procurador y a Carlos Mahiques como presidente de Casación. Así, Macri dejará a Alberto Fernández una estructura alejada del ministerio. Al ser un DNU, el flamante Frente de Todos debería rechazar en ambas cámaras al decreto para que pierda vigencia, algo posible teniendo en cuenta que posee más de 40 senadores y 120 diputados (el mínimo es 129).
Antes de este decreto, el sistema de protección de testigos se encuentra regulado por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia. En una entrevista con El Destape Radio, Darío Díaz, ex director del Programa de Testigos Protegidos, afirmó que el cambio busca tapar las irregularidades en las declaraciones de los protegidos.
“Macri quiere sacarle el programa de Testigos Protegidos al Poder Ejecutivo para tapar las irregularidades que cometieron en manejo de arrepentidos en materia de corrupción”, había afirmado Darío Díaz.
Agregó: “La ley establece 6 meses de plazo para resolver los problemas de los testigos protegidos. Acá trascendió que se extendieron por sumas millonarias”, “El pago de OSDE a Leonardo Fariña es una barbaridad, la ley establecía que debe atenderse en salud pública” y “El hecho mismo de estar utilizando arbitrariamente sumas millonarias para satisfacer a supuestos arrepentidos son violaciones a la ley y quieren encubrirlas”.
Asimismo había remarcado: “Un DNU no puede legislar sobre temas penales y el traslado del Programa de Testigos Protegidos lo es” y “La ley del programa de Testigos Protegidos dice que las facultades de su director son discrecionales, por lo que si se lo ofrecen a los jueces tendrían que cambiar la ley”.
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