Uno de los convenios más trascendentes que se firmaron en el Consejo de Seguridad Interior, en Tucumán, aborda la problemática territorial con los pueblos indígenas.
La decisión del ministerio de Seguridad es evitar la represión violenta de las comunidades. Habrá un repliegue de fuerzas federales y mayor intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que presiden la ex senadora Madgalena Odarda y el dirigente mapuche Luis Pilquiman, y la Administración de Parques Nacionales (APN). Se van a generar mesas de discusión y debate para resolver los conflictos territoriales con los pueblos originarios, con las fuerzas como última instancia.
En el entorno de la ministra Frederic consideran que durante la gestión anterior, Patricia Bullrich quiso “construir una ideología del enemigo mapuche” y priorizó el uso de la fuerza en los desalojos. En esos operativos de violenta represión estatal murieron Santiago Maldonado en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut; y Rafael Nahuel en la lof Lafken Winkul Mapu en Bariloche. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ya dijo públicamente que harán revisión administrativa de las actuaciones de Gendarmería y Prefectura.
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Para que esos hechos no se repitan, en el ministerio se adoptó un giro contundente en el estilo conducción política de las fuerzas de seguridad, y terminar con uno de los pilares de la doctrina Bullrich. Va en línea con los protocolos de la exministra de Macri que ya fueron derogados por Frederic. Según fuentes del ministerio, el objetivo obedece a un pedido del presidente Alberto Fernández de “poner el foco en los derechos y pensar la seguridad de manera integral”.
Incluso está entre los objetivos un relevamiento de tierras para que los pueblos originarios obtengan títulos de propiedad y dejen de ser considerados usurpadores. Al igual que con las organizaciones sociales, en el ministerio apuestan a un mecanismo de resolución alternativa de las controversias, con la supervisión de otros actores.
El acta acuerdo lleva la firma de los ministerios de Seguridad, y de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y de Medio Ambiente, Juan Cabandié.
El denominado Mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios elaborará dentro de los próximos treinta días un protocolo básico de actuación que será la base de funcionamiento de este nuevo enfoque en política de seguridad. Se podrá constituir a pedido de alguno de los organismos que lo integran o a solicitud de uno o más gobiernos provinciales.
El texto recuerda que la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas, cita la la ley 23.302 de Política Indígena, el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes incorporado por ley nacional 24071, la ley 26.160 con sus prórrogas y otras normativas como Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
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