Tras el asesinato de Rafael Nahuel por la represión que llevó a cabo las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, se dio inicio a una mesa de diálogo entre el Gobierno, organizaciones Mapuches, representantes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Iglesia para buscarle una solución al conflicto.
No obstante, el Ejecutivo advirtió que antes de negociar exigen que la comunidad indígena “devuelva” las tierras que mantienen ocupadas.
A partir de la conformación de esta mesa de diálogo y, tal como lo pidió el juez federal Gustavo Villanueva, los integrantes le enviaron al magistrado un acta para ratificar la intención de negociar.
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Según confirmó Infobae, el Ejecutivo está dispuesto a negociar con los mapuches, pero la primera condición es que los manifestantes abandonen las tierras que ocuparon. En el acta que se firmó que contiene los puntos de vista y los objetivos de los participantes, se sostuvo que "se ha constituido la mesa de diálogosolicitada por el Lof Lafken Winkul Maipu, las comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el Obispo de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación".
Lo firmado por los mapuches sostiene que "el Lof Lafken Winkul Maipu y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial".
Los mapuches también exigen que se discuta "el retiro de la denuncia de Parques Nacionales a la comunidad Lafken Winkul Mapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta".
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Por otro lado, las comunidades mapuches pidieron que de las próximas reuniones participe "un representante del Directorio de Parques Nacionales", y se refirieron a "la situación de los heridos detenidos": "Las organizaciones y comunidades solicitan su libertad acompañando el pedido de excarcelación de la abogada. El INAI ofrece ir a verlos, poner a disposición los dispositivos con los que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para revisar sus condiciones de detención y, entre otras cosas, solicitar la visita de la machi que pueda ingresar el lawen".
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En ese sentido, las comunidades mapuches agregaron que "se constituirá una comisión de dirigentes sociales y de derechos humanos y referentes institucionales que participarán de la visita y solicitarán que se permita la visita de la machi y el ingreso del lawen".
Participaron del encuentro representantes designados del Lof y las comunidades, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la CTEP, la CTA de Río Negro, la CTA Autónoma, la organización Al Margen, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Abogados de Derechos por la Igualdad, la APDH La Matanza, el Obispado de San Carlos de Bariloche (Juan José Chaparro) y la Universidad Nacional de Río Negro.
Los diputados nacionales que estuvieron fueron Silvia Horne, Leonardo Grosso, Martín Doñate; el legislador provincial de Neuquén Raúl Godoy, y los concejales Ana Marks y Ramón Chiocconi, todos ellos como observadores.
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