En paralelo al desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Gobierno planifica un nuevo sistema jubilatorio donde retornen las AFJP. Las millonarias pérdidas del fondo de los jubilados se dan en medio de un completo hermetismo oficial, que incluye la vista gorda de los legisladores de Cambiemos. Esta complicidad también acompaña la negativa del Ejecutivo de mostrar el boceto del proyecto de un régimen mixto, pese a que la ley lo obliga.
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La gestión del titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, inició el 10 de diciembre de 2015 con U$S 65.787 millones en el FGS, de acuerdo al último dato que dejó Diego Bossio. En dos años y medio, el patrimonio de los jubilados y los trabajadores se redujo más de U$S 13.000 millones, ya que a mayo sumó sólo U$S 52.400 millones ($ 1.330.633 millones), de acuerdo al último dato al que pudo acceder El Destape pese a que el organismo los publica con una dilación semestral.
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La caída del FGS en términos dolarizados se produjo, entre otras decisiones, por el uso político del dinero y la participación en fondos comunes de inversión poco rentables y con comisiones innecesarias, tal como expuso El Destape. Así sucedió con los pesos depositados en Axis, que le pertenece al ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo, y en SBS Fondos, de su actual vice, Gustavo Cañonero.
En medio de este escándalo, Basavilbaso despidió el martes al subdirector ejecutivo de operación del FGS, Juan Martín Monge Varela, al gerente de operaciones, Pablo Pereyra Iraola, y al gerente de inversiones, Andrés Rodríguez Lubary. Monge Varela se negó a figurar como el responsable de la venta de activos que exige el FMI y que marcará un punto de inflexión para el organismo que podría incluso ser cuestionado en sede judicial por su claro perjuicio para la sustentabilidad del sistema.
El más lento pero paulatino vaciamiento del fondo podría ser frenado por la comisión bicameral creada exclusivamente para controlar su gestión, pero Cambiemos saboteó cualquier intento. El senador Néstor Braillard Poccard la presidió hasta el año pasado y sólo convocó a Basavilbaso a una reunión.
En 2018, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, demoró la designación de integrantes de la cámara Alta, al punto que tuvo que ser presionada la senadora María de los Ángeles Sacnun el mes pasado. Recién este mes se prevé que se conforme la comisión, a ocho meses de comenzado el año.
“La no conformación de la comisión bicameral que tiene a su cargo el control de los fondos de la seguridad social no es casual, sino que forma parte del plan de ocultamiento de los negocios que el Gobierno está haciendo con la plata de la jubilados presentes y futuros. Si estuvieran haciendo las cosas bien para todos los argentinos no tendrían nada que ocultar", sostuvo a este medio la diputada Luana Volnovich, una de las integrantes.
Este organismo es además el que debe revisar el boceto del proyecto del nuevo sistema jubilatorio que redacta el Gobierno y presentará el año próximo, tal como se comprometió en 2016, tras la sanción de la ley de reparación histórica.
En el artículo 12 de la norma 27.260 se creó el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo. No obstante, el titular de la cartera, Jorge Triaca, recién la formalizó en mayo de 2018. Desde el despacho del funcionario no respondieron las consultas de este medio sobre el tema.
La ley ómnibus de Cambiemos, con vigencia desde el 23 de julio de 2016, incluyó que este consejo “deberá remitir un informe a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social cada seis meses”. Esto fue incumplido en cuatro ocasiones, ya que no se entregaron a la bicameral los correspondientes a enero y julio de 2017 ni de 2018.
Pese a esto, el senador Braillard Poccard nunca le reclamó al Ejecutivo que acelere los plazos para cumplir con la obligación que el propio partido incluyó en la ley, por la que presionó arduamente para conseguir su sanción.
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