El Ministerio de Agroindustria acordó con Monsanto certificar si los productores utilizan la nueva semilla de la multinacional y, en ese caso, garantizarle que paguen las regalías que exige. Además, enviará al Congreso la próxima semana un proyecto de Ley de Semillas para ser tratado en agosto.
"Si hoy el productor puede justificar el uso propio y el origen de la semilla atento a la legislación vigente, no va a tener ningún inconveniente; pero si no se puede acreditarlo, va a ser sancionado, y sin perjuicio que también le puedan reclamar los derechos (de propiedad) de quien crea tenerlo", explicó el ministro Ricardo Buryaile.
En conferencia de prensa, dijo además que enviará un nuevo proyecto de ley de Semilla al Congreso, que buscará que el uso propio ofrezca "un equilibrio justo entre la preservación de los derechos del productor y la sustentabilidad de la industria para su desarrollo tecnológico; si hay diferencias, se tendrá que plantear en el Congreso".
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Consultado sobre el reclamo que mantiene la empresa Monsanto para el cobro de regalías, Buryaile aclaró que "van a haber contratos privados que se van a respetar y no hay ninguna obligación de firma de contratos por parte de los productores". Aseguró que será el Instituto Nacional de Semillas (INASE) el "único organismo encargado de fiscalizar y controlar la legalidad" de los granos comercializados en el mercado local que tuvieran por destino su cultivo, y que podrá aplicar "sanciones" en caso de no poder justificar el origen de las semillas. También consideró posible que las firmas proveedoras de semillas podrán "reclamar, como corresponde, por sus derechos ante la Justicia".
Más allá de esto, que será el camino propuesto por Agroindustria para regular la siembra durante el ciclo 2016-2017, el ministro anunció el pronto envío de un proyecto de Ley de Semillas, que fue "acordado con todos los sectores involucrados" en el negocio agroindustrial, para iniciar su tratamiento en agosto por la Cámara Baja.
Buryaile comentó que "el espíritu de la norma será posibilitar el cobro de la tecnología, promover la legalidad (en la compraventa de granos) y preservar los derechos de los productores" para permitir el uso propio de las semillas obtenidas en ciclos de siembra anteriores.
Para cumplir con estos objetivos, el INASE planea incrementar su estructura de personal para la evaluación de futuras declaraciones juradas de las coberturas y firmará convenios con entidades públicas y privadas, como la Bolsa de Cereales porteña, para fiscalizar buena parte del origen de la cosecha de soja de una campaña que alcanzará los 55 millones de toneladas de este poroto.
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