El gobierno de Mauricio Macri designó a dedo, para investigar en una causa contra Cristina Kirchner, al fiscal Sergio Néstor Mola.
Con la presencia de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, su par bonaerense, Cristian Ritondo, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, y Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, Eduardo Casal - procurador nacional interino - tomó juramento a Mola el pasado 15 de febrero, poco menos de dos meses después de su designación por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, fechado el 28 de diciembre del año pasado.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Cuatro días después, con fecha del 19 de febrero, el titular de la Fiscalía 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Diego Luciani, pidió que Mola se sume como coadyuvante en el marco del juicio oral contra CFK en la causa por una supuesta asociación ilícita para quedarse con plata del Estado mediante la obra pública vial en Santa Cruz. Según los argumentos, lo necesitaban por la "multiplicidad de imputados, la calidad y cantidad de letrados intervinientes, la complejidad de las maniobras investigadas, como así la prolongada duración del debate".
Sin embargo, Mola no es un fiscal cualquiera. El 11 de febrero, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica que conduce la diputada Elisa Carrió, presentaron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py en la que aseguraron que presos kirchneristas armaron, desde la cárcel, una operación contra Stornelli.
LEER MÁS: Stornelli: los documentos que desarman la defensa de Carrió
Stornelli está en el ojo de la tormenta por, presuntamente, haber pedido coimas, mediante el operador Marcelo D'Alessio, a empresarios implicados en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Según la teoría de Carrió, se trató de una operación montada por exfuncionarios kirchneristas.
Para ello, escuchó supuestas conversaciones entre Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación de Planificación Federal con Carlos Zelkovicz y con un periodista. Para hacerlo, se pincharon los teléfonos públicos del penal para filtrar llamados de detenidos por narcotráfico, pero la atención se desvió. Tal como reveló Ari Lijalad en El Destape, la AFI, que depende directo de Mauricio Macri, fue la única fuerza que intervino en la obtención y desgrabación de esas llamadas, lo que coloca a la casa de espías en el rol de proveedor exclusivo de Carrió.
Cerrar sesión