El descontrol con el que Cambiemos manejó el Programa de Protección de Testigos e Imputados llegó a su fin. Altos funcionarios del Ministerio de Justicia se hicieron presentes en las oficinas que hasta hoy comandaron funcionarios M, pidieron la renuncia de los directivos que encabezaron el uso del organismo como sistema de premios y castigos en el armado de causas contra el kirchnerismo, y comenzaron a hacer un inventario.
Se trató, según pudo saber El Destape, de una comitiva comprendida por alrededor de diez personas y un escribano, pasadas las diez de la mañana. Los funcionarios se reunieron con el director Francisco Lagos y pidieron su renuncia, al igual que la de Juan Rebollo, quien fuera coordinador de operaciones.
La visita ocurrió luego de que Alberto Fernández derogara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri 12 antes de dejar la presidencia, por el que convirtió el Programa en una Agencia y lo sacó del ámbito del Poder Ejecutivo.
Ahora el lugar está ocupado por personal del Ministerio de Justicia, cartera de la que volvió a depender el Programa, y desalojaron a los anteriores funcionarios macristas que habilitaron el desmanejo revelado por este medio. Además de iniciar el recambio de autoridades, el nuevo gobierno avanzó con un inventario del organismo para saber con qué se cuenta, incluso de dinero.
Hoy, el Presidente derogó el DNU de Macri y argumentó que el Programa se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior, sin necesidad ni urgencia que habilite el dictado de la norma.
A fines de noviembre, el líder PRO creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y la sacó de la órbita del Ministerio de Justicia para que su directorio estuviera conformado con representantes de la Cámara Federal de Casación Penal en la presidencia y el Procurador General o un funcionario del mismo organismo, con el visto bueno final del Ejecutivo.
El objetivo de tal cambio a pocos días de dejar el poder, argumentó Darío Díaz, exdirector del Programa a El Destape Radio, fue "tapar las irregularidades que cometieron en manejo de arrepentidos en materia de corrupción”, como los escandalosos "beneficios" que recibieron Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele para colaborar en el armado de causas contra el kirchnerismo.
Con ese decreto, además de quitarle el régimen a la cartera judicial y crear un ente autárquico (con los mismos funcionarios macristas designados con cargos estables en el Estado) estableció que la información generada en el marco del sistema de Testigos Protegidos exigía deber de confidencialidad, algo habitual en estos casos. Sin embargo, tras las revelaciones de El Destape, extendió esa obligación a "cualquier persona ajena a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS que, por su oficio, profesión u ocupación, tuvieran acceso a la información referida a los casos que se tramitan bajo la órbita de la Agencia".
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