El 29 de diciembre de 2017, los 9 empleados de las dos Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva del programa Chau Tabú, que dependía de la Dirección de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), fueron informados del cierre de las dos sedes donde trabajaban, una ubicada en Plaza Houssay, en Recoleta y la otra en Villa 20, en Lugano. El programa era utilizado, en su gran mayoría, por mujeres.
En una reunión privada, el equipo de psicólogos y médicos recibió la noticia de la no renovación de sus contratos puesto que, salvo una persona, ninguno se encontraba como planta permanente. Desde el Gobierno de la Ciudad les informaron que cerraban por condiciones edilicias, sin tener en cuenta que uno de los objetivos principales era poder mantener un canal de diálogo con los usuarios.
“El tema edilicio no era lo fundamental. Cuando lo indagamos a Fabian Pereyra, Director de Políticas de Juventud, nos dijo que él disponía de los contratos y que iba direccionar todo a los talleres móviles ya que con los dos centros de salud tenía cubierta la demanda”, explicó a El Destape uno de los psicólogos que formaba parte de las consejerías.
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Desde el año 2013 que el programa funcionaba con total normalidad. Sin embargo, durante el transcurso del 2017, los empleados comenzaron a notar la falta de acompañamiento estatal. “No había un seguimiento, había bastantes trabas a la hora de un aumento de sueldo. En octubre nos aumentos el 6 % en distintos tramos. Era una especie de ir cerrando sin hacerlo”, expresaron desde el equipo.
En las consejerías brindaban información y entregaban materiales anticonceptivos como pastillas, inyectables y preservativos; repartían pastillas de emergencia y tests de embarazo, acompañaban a mujeres que sufrían violencia de género y a aquellas que decidían encarar un aborto. También asistían en temática de diversidad sexual, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y otros temas relacionados a la salud integral de los usuarios.
Dentro de las más de 4000 consultas que recibieron entre enero y diciembre de 2017 en Lugano, el 95 % era de mujeres. Aquella consejería atendía 1230 pacientes y tenía 2650 historias clínicas. Más del 80 % de los pacientes tenían entre 15 y 29 años. Entre las dos consejerías entregaron 8714 insumos. Fue Página/12 el medio que introdujo en la agenda el cierre de las dos sedes, una decisión gubernamental que dejó a varias usuarios sin un sitio de contención.
Las personas podían acudir al lugar de forma espontánea, a diferencia de la dinámica que prima en los centros de salud. En las consejerías se generaba un contacto con el paciente y se hacía foco en su problemática. En los últimos meses habían recibido 80 consultas por embarazos no planificados. Sin tener la posibilidad de acudir a un lugar adecuado, muchas mujeres podían terminar en un aborto clandestino, una práctica que pone en peligro sus vidas.
El cierre o desfinanciación de programas con perspectiva de género es algo que se viene gestando dentro de Cambiemos. Un ejemplo de ello es la reducción en el presupuesto del Programa de Educación Sexual Integral (ESI), creado en 2006 a partir de la ley 26.150, donde se abordaban temas como la discriminación por orientación sexual, la prevención de la violencia de género y la trata de personas, entre otras cosas.
Uno de los trabajadores del equipo ubicado en el barrio de Lugano alertó sobre esta situación: “El discurso de perspectiva de género no lo aplican en las políticas. La violencia de género atravesaba todas las consultas”.
Angélica Lezcano es la mamá de Kiki, el joven asesinado en julio de 2009 por el agente de la Policía Federal Daniel Santiago Veyga. Ella era una las mujeres que asistía a la Consejería de Lugano, en donde llevaba un tratamiento psicológico hace tres años. Tras el cierre, se quedó sin tratamiento. “Yo soy victima de gatillo fácil, lo necesito mucho, me cuesta dormir. Que cierren ese lugar fue terrible. Ayudan a personas que no tienen recursos”, comentó.
Otro de los problemas es que, tras el cierre, los pacientes no recibieron sus historias clínicas. “¿Cómo hago yo para tener mi historia clínica? No sé a dónde fue a parar, ni siquiera nos dieron esa informacion. Tengo derecho”, denunció la mamá de Kiki Lezcano.
Para Angélica la consejería era un espacio muy especial e íntimo. Contaba con la ventaja de que las chicas no se acumulaban, sino que iban y les daban turno en el día. Tras el fin del programa, hoy deben acudir al Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 43 (CeSAC), que da un solo turno por día. “Muy pocas veces vi una pareja, siempre fuimos las mujeres. Es necesaria la contención a esas chicas que son jovencitas y no quieren tener hijos”, alertó.
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