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La decisión se tomó originalmente-y luego se prorrogó-con el mismo objetivo: fomentar el uso de plástico, que permite la trazabilidad de las operaciones e impide el "negreo". Sin embargo, en el Gobierno no lo ven de esa manera.
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Según informó el diario La Nación, desde la Casa Rosada explicaron que "el costo fiscal era alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el uso de las tarjetas ". Esa misma fuente reconoció que el objetivo era "compensar" el agujero fiscal generado por la reforma del impuesto a las Ganancias, "y además la gente no usaba más la tarjeta de crédito por esta devolución".
Tras un año en el que se eliminaron retenciones al campo y la minería, se elevó el impuesto a los Bienes Personales y se permitió el blanqueo de capitales para evasores, inclusive familiares de funcionarios, el Gobierno tomó una medida que implica un recorte de salario indirecto para trabajadores y jubilados con ingresos registrados.
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