El Gobierno nacional avanzará contra los derechos laborales una vez que se consuma la elección legislativa de octubre. Para eso, llevará a cabo un trabajo de hormiga en el que condicionará los aumentos salariales del 2018 a reformar aspectos de los convenios colectivos que hoy benefician a los trabajadores.
Según publicó el diario La Nación, el Gobierno desestimó la idea de hacer una reforma laboral "a la brasileña". Es decir, un gran proyecto de ley que incremente jornadas laborales, habilite trabajos insalubres para embarazadas y permita a las empresas imponer condiciones más perjudiciales a los trabajadores que las establecidas en los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, no implica que tenga en mente otro tipo de cambios con el objetivo de "reducir el costo laboral", como le llaman en la jerga empresarial.
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En lugar de eso, el Ministerio de Trabajo intervendrá en las paritarias 2018 pero a favor de los empresarios. Querrá condicionar los acuerdos salariales a la modificación de distintos convenios colectivos. Los temas que planea modificar están la baja de aportes patronales para las obras sociales; revisión de cláusulas de antigüedad, escalas y funciones; no avalar pagos extraordinarios, salvo excepciones, como un plus por presentismo, y establecer las pasantías como un atajo para capacitar personal a valores más bajos.
Según el matutino, esto contaría con el aval del ala moderada de la CGT, como "Los Gordos", supuestamente a cambio de no profundizar las reformas antiobreras. El Gobierno nacional piensa mantener los acuerdos salariales dentro de la pauta inflacionaria y que el modelo a seguir sea el de los petroleros de Vaca Muerta, que aceptaron reducir su salario un 40% y el de los lecheros de Atilra.
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