El Gobierno auspiciará la creación de ONGs, con el objetivo de ampliar las fundaciones que se dedican a defender los derechos de grupos vulnerables y comunidades vulnerables y la atención de cuestiones de género. Fue la primera resolución de Ricardo Nissen al desembarcar nuevamente en la Inspección General de Justicia, quien 15 años atrás erradicó a las offshores de Argentina.
A través de su resolución 1/2020, la IGJ eliminó restricciones para fundar asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables o comunidades étnicas que presenten condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o la promoción y atención de cuestiones de género. También se encuentran incluidas las cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la comunidad.
La promoción de organizaciones intermedias sin fines de lucro "es ventajoso, sobre todo, en las actuales circunstancias", reza el articulado publicado en el Boletín Oficial del miércoles. El organismo estatal, dependiente del Ministerio de Justicia, simplifica el procedimiento y permite un control previo de la legalidad.
En primer lugar, los exime del pago del arancel de constitución, como así también de la rúbrica de los libros obligatorios. Además, permite que se creen sin necesidad de contratar a un abogado especializado. Para eso deberán comenzar el trámite hasta un mes antes en la IGJ, a donde deberán llevar un instrumento firmado por los que serán las autoridades de la asociación civil, para la formación de las actuaciones administrativas. Esto es equiparable a los dictámenes y a la asistencia y orientación sobre consultas de las empresas que el organismo brinda con periodicidad.
Cumplido el control, el proceso se completará con la posterior asistencia al acto constitutivo en fecha predeterminada y en ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de un inspector de justicia. Este, en su condición de funcionario público, formalizará el acta de constitución.
Nissen fue designado en la IGJ en febrero, luego de haber dirigido esa entidad entre 2003 y 2005, por pedido de Néstor Kirchner. El abogado societario, titular de un estudio que lleva su apellido y de la Fundación para la Investigación de las Ciencias Jurídicas (FIDAS), se había ocupado desde su cargo público de prohibir la operatoria de offshores en Argentina en el momento de mayor auge de estas compañías.
Ahora fue designado por Alberto Fernández para armar un nuevo marco legal sobre el que se desembuelvan las empresas. Entre otros objetivos, Nissen revisará las sociedades por acciones simplificadas (SAS) o, como él las llamó en un libro publicado recientemente, "las sociedades offshores argentinas". Mauricio Macri creó este instrumento con el argumento de ayudar a emprendedores, pero el letrado comprobó que son altamente riesgosas por la facilidad de ser utilizados con fines fraudulentos, tanto para el Estado como los acreedores o los propios trabajadores y socios.
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