Entre las medidas anunciadas por parte del gobierno nacional para llevar a cabo “un ahorro de 20 mil millones de pesos”, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, adelantaron que de cara al 2019 “se reducirá en un 15% los fondos destinados a las empresas públicas con el objetivo de alcanzar un equilibrio operativo para 2019”.
En la conferencia de prensa, los funcionarios no hicieron alusión a ese punto pero en el resumen que le entregaron a la prensa, se detalló sin tanto decoro cuáles serán las medidas de ajuste de cara al próximo año.
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“Hemos dispuesto la necesidad de analizar detalladamente e incorporar en el sistema de información de la administración central toda la información de empleo en términos de salario, premios y categorías de las empresas públicas para tratar, razonablemente, de generar una impronta común poder tener una posibilidad de ahorro respecto a este tema”, anunció Ibarra.
Acto seguido, detalló que “el otro objetivo es que el año que viene haya un ahorro de alrededor de 6 mil millones de pesos del menor pedido de fondos al Tesoro por parte de la empresas públicas y así habiendo generado una reducción importantísima de ese déficit”.
En su intervención, Dujovne detalló que las empresas públicas como Tandanor, Río Turbio, YPF, Correo Argentino, Incaa Educar, Aerolíneas Argentinas, La Casa de la Moneda registran un “déficit de 18 mil millones” y la intenciones del Gobierno nacional es que este año concluya en 12 mil millones y el próximo año el déficit sea la mitad.
La decisión de desfinanciar las empresas públicas no es casual y enciende las alarmas de que es el paso previo para las privatizaciones de las empresas públicas. Así ocurrió durante los ’90 en manos del gobierno de Carlos Menem, quien llevó a cabo la privatización de YPF, Aerolíneas y ENTel, con la excusa de que no podían ser “subsidiadas” por el Estado.
"Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, había advertido el ex mandatario en uno de sus discursos cuando anunciaba la privatización de las empresas mientras apostaba a “descomprimir al sector público de actividades y funciones que no hacen a su objetivo esencial y que impide su funcionamiento social”.
Y remarcaba que “las privatizaciones no son actos aislados de transparencia de activos del sector público al privado sino que son una parte fundamental de un programa destinado a equilibrar el sector público con políticas de desregulación y aliento a la competencia”.
En esa época, Álvaro Alsogaray sostenía que “achicar el Estado es agrandar la nación” y se justificaba en que era necesaria para “paliar el déficit fiscal y equilibrar el presupuesto del Estado”.
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