El Gobierno de Alberto Fernández decidió implementar una serie de cambios y mecanismos de convergencia desde febrero y por los próximos doce meses para amortiguar el aumento de las cuotas correspondiente a los préstamos hipotecarios UVA que “implica un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores”.
Durante el 2018 se profundizó la dificultad de las personas que sacaron un crédito UVA para poder pagarlo, debido a la brutal inflación y devaluación del peso. Ante esta situación, el Banco Central establecerá un mecanismo que evitará el salto del 26% en la cuota previsto a partir de febrero y, en su lugar, establece una convergencia a lo largo de 12 meses. Asimismo, se prevé que, en ningún caso, la cuota podrá superar el 35% de los ingresos familiares.
Junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, además, se implementará un mecanismo de compensación para amortiguar el incremento que deberían afrontar en febrero las cuotas de los deudores hipotecarios UVA que ronda el 26%.
Cómo se refinanciarán los créditos UVA
Para evitar esa suba pronunciada, se implementará un esquema de bonificación que se distribuirá en un lapso de 12 meses el alza que debía imputarse a partir del mes de febrero. También, las entidades financieras aportarán un total de 1.411 millones durante los próximos 12 meses, que va en consonancia con lo establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
A modo de ejemplo, un deudor UVA que paga una cuota de $12.000, el incremento del 26% previsto implicaría un salto de hasta los $ 15.100 establecidos por la cuota contractual para febrero de 2020. En el marco del mecanismo de convergencia, la cuota se incrementará a $12.600 (+5%).
En caso, de que el crédito máximo al que accedieron los beneficiados por el congelamiento, la cuota debería pasar de los $24.300 en enero a $30.700 en febrero (+26%). Con el mecanismo de convergencia, el monto a pagar en febrero será de $25.700 (+6%).
Además, se decidió que en caso de que la cuota a pagar supere el 35% de los ingresos familiares acreditados por los deudores, las entidades financieras deberán establecer un esquema que atienda puntualmente estos casos.
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