El ministro de Transporte, Mario Meoni, afirmó en una conferencia de prensa que "se está revisando" el contrato del Estado con la UTE que debe realizar la obra de soterramiento del tren Sarmiento. En la actualidad, los trabajos están suspendidos. El funcionario nacional explicó que se analiza "una rescisión sin que implique un juicio millonario" con las empresas involucradas. Se trata de una obra paradigmática, que está en la mira judicial porque en su inicio -se licitó en 2007- contó con la participación de la constructora brasileña Odebrecht, cuyos directivos reconocieron haber pagado sobornos a funcionarios nacionales. Según surge del proceso judicial, la firma que vehiculizaba los pagos era Iecsa, cuyo titular al momento de los hechos era el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. A pesar de haber una pesquisa abierta, el gobierno anterior fomentó la venta de la firma del primo presidencial (se transformó en Sacde) y firmó un decreto para inyectarle 45.000 millones de pesos al proyecto con el fin de reactivarlo. Si bien se canalizaron varios pagos, está todo paralizado.
Meoni anunció la situación del soterramiento en una conferencia que compartió con el ministro de Turismo, Matías Lammens, en la que presentaron un convenio firmado con empresas de transporte para promover el "turismo social". De acuerdo al titular de Transporte, tal como está planteado en los contratos vigentes "es necesario invertir más de 1.500 millones de dólares" y "en el marco de la crisis que existe hoy, no podemos llevar adelante una obra de esas características que, además, viene con muchas dificultades" ya que hoy "están absolutamente paralizadas".
Luego, explicó: "Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado; y una tercera de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no".
Fuentes del ministerio consultadas por El Destape explicaron que se están analizando las salidas posibles porque la obra está absolutamente estancada. “Está todo parado. Hay solo 7 kilómetros de túnel, sin paradas ni rieles”, señalaron. Y aseguraron que lo que se defina correrá por un camino separado al de la causa judicial.
Una de las salidas que se evalúa es que la Nación de un paso al costado y que la Ciudad se haga cargo de los tramos correspondientes a su jurisdicción y que la provincia de Buenos Aires haga lo propio, ya que la obra cruza ambos territorios. “La Nación no quiere gastar en esa obra que es una locura”, afirmaron desde la cartera de Meoni. “Pero quiere que se resuelva y se utilice lo que se hizo hasta el momento sin que haya perjuicio para el Estado”, añadieron.
En la actualidad, las empresas que están a cargo de la obra son Sacde (ex Iecsa, que fue comprada por el empresario Marcelo Mindlin, quien rebautizó a la firma); y Ghella, una firma italiana que tenía un importante porcentaje de Iecsa hasta el 2015.
Originalmente, las constructoras que habían sido adjudicatarias del proyecto habían sido Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. Las cuatro habían conformado una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganó la licitación en 2007. Cuando estalló el escándalo de Odrebrecht, la brasileña abandonó la UTE. Ocurrió durante el macrismo. Su porcentaje lo compró Ghella. También se retiró la española Comsa.
A los pocos meses de asumir, el gobierno de Mauricio Macri intentó reimpulsar el Soterramiento del tren Sarmiento. Así fue que llegó Mindlin y que la Casa Rosada, vía el decreto Nº 797/2016 que lleva la firma de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, avaló girar 45.000 millones de pesos. La maniobra fue judicializada.
Según registros a los que tuvo acceso este medio, solo en noviembre de 2018 hubo facturas por sumas millonarias (por ejemplo, una por 251 millones de pesos y otra por 336 millones). No obstante, desde el gobierno de Fernández aseguran que en la actualidad los trabajos están paralizados. Y buscan una salida elegante a una obra que estuvo manchada desde el inicio.
Las causas
El expediente que se abrió por el pago de sobornos en la licitación de las obras del Soterramiento lo investigan el fiscal Franco Picardi y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien sufrió un duro revés cuando la Cámara Federal porteña anuló la resolución en la que había dictado el procesamiento de los funcionarios kirchneristas pero también la falta de mérito de los ejecutivos como Calcaterra.
Después de las PASO, los camaristas Martín Irurzun y Loepoldo Bruglia consideraron que la resolución carecía de fundamentos y había soslayado prueba importante. Picardi también había cuestionado la decisión del juez. Hoy todos los imputados, entre los que se cuentan desde el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a empresarios como el primo del expresidente, están indagados y el magistrado con asiento en el edificio de Retiro deber volver a resolver.
El decreto que rubricó Michetti también derivó en el inicio de un expediente ya que se acusó a Macri de modificar las condiciones de la adjudicación del Soterramiento y beneficiar a su primo. Lo abrió en 2016 el juez Sebastián Ramos.
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