El fiscal Jorge Di Lello solicitó el martes a última hora que el Banco Central disponga el detalle de los compradores de dólar futuro durante la semana pasada, buscando determinar si hay relación con los que adquirieron dichos contratos durante el kirchnerismo también.
Se trata de la causa que investiga la irregular adquisición de contratos futuros por parte de diferentes integrantes del Gabiente nacional durante 2015, entre los que se encuentran Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, José Torello, Axis, la firma del ministro de Finanzas, Luis Caputo, y Chery SOCMA, de la familia Macri, entre tantos otros.
De esta forma, el fiscal solicitó al juez Sergio Torres ampliar la investigación e investigar a fondo si entre los compradores de dólar futuro de los últimos días figuran familiares, empresas o funcionarios de la gestión de Mauricio Macri para determinar, en tal caso, si incurrieron en algún tipo de delito o incompatibilidad con la función pública.
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Cabe destacar que la causa por dólar futuro se originó a partir de una denuncia propinada por los legisladores oficialistas Mario Negri y Federico Pinedo, en donde la ex mandataria Cristina Kirchner está a punto de ir a juicio oral junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, expediente que tramitó en el juzgado de Claudio Bonadio.
Pese al pedido del fiscal Di Lello de adjuntar las causas ya que formarían parte de una misma investigación, la Cámara decidió mantenerlas separadas, y de esta forma, el juez Torres continúa a cargo de la investigación que busca determinar las responsabilidades y el beneficio de los actuales funcionarios a través de la compra de contratos futuros en 2015.
Según confirmaron fuentes judiciales a El Destape, en el caso que el juez solicite avanzar con la medida pedida por Di Lello, el Banco Central de Sutrzenegger estará obligado a informar el detalle de los compradores de dólar futuro de la última semana.
"Lo que surja de allí será ilustrativo para la ciudadanía saber si un funcionario público en su vida privada se beneficia con los intereses estatales", aseguraron desde Comodoro Py a este medio, al tiempo que agregaron que "si es delito, es delito para todos, y si no es delito, no es para nadie".
Una vieja historia, con los ganadores de siempre:
El domingo 13 de diciembre de 2015, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, se reunió con el hoy ministro de Finanzas Luis Caputo para decidir el precio al que se pagarían los contratos de dólar futuro adquiridos por ellos mismos y por gran parte del gabinete en los meses previos a las elecciones.
Esa tarde se sellaría en el ministerio de Economía uno los negociados más espectaculares de la historia financiera reciente, al acordarse que los contratos serían pagados por el Banco Central al valor del dollar linked (cerca de los 15 pesos), dejándole a la entidad monetaria una pérdida equivalente a 70.000 millones de pesos, pero permitiendo que los nuevos funcionarios obtuviesen de las arcas estatales exorbitantes ganancias, gracias a la devaluación que impulsarían apenas días después.
Tal como lo reveló oportunamente el periodista Ivan Schargrodsky en El Destape, la firma Chery-SOCMA —de la familia Macri—, que había operado unos $9 millones de dólares, logró hacerse de más de 34 millones de pesos en concepto de intereses en cuestión de meses. Pero el Presidente y su familia no fueron los únicos beneficiados, ya que Quintana y Caputo tuvieron el gusto de fijar la suma de dinero que sus firmas cobrarían: Pegasus y Axis, fondos de su propiedad, operaron en contratos futuros U$D 1.480.000 y U$D 4.300.000, con los que obtuvieron una alucinante utilidad de 38,4 y 698 millones de pesos respectivamente.
En su balance anual ante la Comisión Nacional de Valores, el fondo que administró Caputo hasta días antes de asumir admitió haber conseguido esa ganancia, al tiempo que detalló haber incrementado su patrimonio en un 584 por ciento durante 2015.
Pero el listado de funcionarios favorecidos no terminaría allí: el ex CEO de la empresa LAN y hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui, operó 310 contratos (unos U$D 310.000), el jefe de asesores del Presidente, José María Torello, se anotó con otros U¢D 800.000 y el hoy ministro de Hacienda Nicolás Dujovne participó con la compra de unos 1.000 contratos comprados a $10,59 y vendidos en un número cercano a los $15, ganando casi 9 millones en pocos meses.
Quienes completaron la nómina de favorecidos fueron familiares del gabinete: la esposa del propio Caputo, Ximena Ruiz Hanglin, compró unos 7.000 contratos, la del ministro de Producción Francisco Cabrera unos 1.500 y el primo de Marcos Peña, unos 700.
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