Ángelo Calcaterra fue el primero de los empresarios que se apresuró a acercarse al juzgado de Claudio Bonadio para declarar como arrepentido de pagar coimas a cambio de contratos de obra pública tras el arresto preventivo de su mano derecha, Javier Sánchez Caballero. Antes de presentarse habló con su primo, Mauricio Macri, para transmitirle la estrategia que proteja los negocios de la familia, ya que el Presidente también se benefició de su buen venir.
Calcaterra tenía como empresa insignia a IECSA y a Sánchez Caballero como su presidente ejecutivo. En su exposición judicial del lunes pasado, el ahora imputado colaborador admitió que le ordenó a su ejecutivo entregar bolsos con dinero para acelerar el cobro de trabajos de infraestructura y redeterminaciones de precios.
Fue uno de los grandes beneficiados por los contratos del Estado, pero sobran las razones para sospechar de quién es el verdadero dueño de las compañías que manejó Calcaterra.
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En julio de 2006, el primo del ahora Presidente le vendió Calcaterra Construcciones SA a Sideco Americana. Tan sólo ocho meses después, cuando el fundador del PRO encaró la campaña por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le compró a Sideco las firmas IECSA, Creaurban y Madero Urban, firmas que no podían realizar trabajos para el Estado porteño si seguían en manos de Mauricio o de Francesco Macri.
En este traspaso, acordaron una prenda de primer grado sobre el 0,7% de las acciones de Creaurban a favor de Sideco Americana. En 2007 además celebraron un acuerdo de colaboración que tiene “el objeto de analizar la viabilidad de oportunidades de negocios en los que pueden capitalizar los antecedentes y gestiones de Socma Americana y la capacidad comercial de IECSA y Creaurban, así como la posterior implementación de tales negocios”. Como contraprestación, Calcaterra se comprometió a abonar U$S 14 millones a la empresa de la familia Macri, que pudo costear con los jugosos contratos de obra pública que consiguió en los años subsiguientes. Esto llevó al diputado Rodolfo Tailhade a acusar al primo de testaferro del jefe de Estado, al interpretar que ese monto representa “retornos” de los futuros contratos que consiguió.
Para sumar sospechas de que Calcaterra era el dueño, en 2015 cobró un sueldo como director de la controlante de IECSA, ODS, de la que también es accionista. La sociedad le pagó $ 10 millones y consta en el acta de la empresa que se “destaca que dicha remuneración es adecuada teniendo en cuenta sus responsabilidades y el tiempo dedicado a sus funciones”.
En agosto de 2007 ODS se asoció con Ghella, una italiana cuya familia controlante es amiga de los Macri que encontró la compra del 50% del paquete accionario la vía para desembarcar en el país.
En 2017 Calcaterra le vendió su participación en ODS a Marcelo Mindlin, el zar de la energía argentina.
La obra pública del “testaferro”
Los beneficios de hacer negocios con el primo del entonces intendente porteño no demoraron en llegar. En 2007, Ghella ganó una licitación del Gobierno de la Ciudad por $ 454 millones para el entubamiento del arroyo Maldonado.
En enero de 2008, la UTE IECSA-Ghella-Odebrecht-COMSA ganó la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Tras el escándalo del Lava Jato, donde se probó el pago de coimas, el Gobierno se negó a dar de baja el contrato y volver a buscar ofertas. “No podés ir a una obra y rescindirla porque se te ocurre”, había dicho el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Pese a que los sobornos benefician al consorcio entero en lugar de a una empresa particular, la participación de la brasileña fue comprada por la italiana, con el aval del Gobierno.
Por continuas redeterminaciones de precios, el presupuesto se amplió de los U$S 889 millones iniciales a U$S 3.000 millones. Macri se ocupó de encontrar financiamiento de créditos otorgados por el Banco de Fomento Italiano y otros bancos comerciales.
IECSA junto a la empresa Andrade Gutiérrez ganaron el contrato para construir un gasoducto en Córdoba en 2009, que nunca terminaron. El dueño de Andrade Gutiérrez estuvo preso en Brasil por el pago de sobornos, pero en Argentina no se investigó la causa.
IECSA e Isolux se quedaron con la construcción de las centrales térmicas Brigadier López y Barragán en 2009, a la que le falta la última etapa. Calcaterra consiguió diversas redeterminaciones de precios -¿con bolsos de por medio?- pero en la última le exigía al Estado $ 8.900 millones adicionales. Macri, en medio del escrutinio por la obra pública, prefirió rescindir el contrato y pagarle al consorcio $ 1.500 millones en concepto de indemnización y compra de materiales.
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