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El caso salió a la luz cuando el funcionario del organismo supranacional, Anders Kompass, hizo pública la investigación que, de forma secreta, venía realizando la ONU internamente para determinar la responsabilidad de agentes de seguridad en África en casos de abusos sexuales a refugiados menores de edad. Por este motivo, el propio Kompass fue investigado por la ONU por haber filtrado la información al gobierno francés, que aportó soldados a la misión humanitaria y de donde provenían algunos de los responsables de los crímenes. A Kompass se lo criticó duramente por haber divulgado los nombres de las víctimas al punto, según la acusación, de haber puesto en riesgo la vida de ellos.
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Al mismo tiempo que se investigaba la supuesta responsabilidad de Kompass en hacer pública la denuncia, se hacía lo propio con los dirigentes de la ONU que intentaron, al menos, mantener en secreto cuando no detener la investigación por el accionar de las fuerzas de paz que de ellos dependían, en lugar de bregar por detener a los responsables de los crímenes sexuales.
Entre los acusados por esto último se encontraban Susana Malcorra, mano derecha del secretario general, Ban Ki-Moon, el príncipe Zeid Raad al-Hussein, alto comisionado para los Derechos Humanos, el jefe del departamento de Mantenimiento de Paz Herve Ladsous, y el jefe del Comité de Ética Joan Dubinsky. La investigación fue llevada a cabo por un comité independiente de la ONU compuesto por tres personas.
Según reporta la revista estadounidense Foreign Policy, Malcorra se habría reunido con Zeid y otros dirigentes con el objetivo de organizar la respuesta oficial de la ONU contra Kompass por haber hecho público el escándalo, cuando en realidad son oficinas internas que deben actuar con independencia. Es decir: Malcorra se preocupó más por sancionar a quien hizo pública la situación que a los presuntos responsables de tales atrocidades.
El panel compuesto por tres jueces, nombrados por Ban Ki-Moon, concluyó que ninguno de los anteriores nombrados cometieron el delito de abuso de autoridad, pero sí errores en el manejo de la situación. Asimismo, libró de culpa y cargo a Kompass.
En cambio, hubo varios funcionarios sancionados. Entre ellos, el antiguo jefe de Auditoría Interna Carman Lapointe y quien estuvo a cargo de las operaciones en el continente africano, el general Babacar Gaye. Misma sanción recayó en Renner Onana, director de la sección de Justicia y Derechos Humanos de la misión, quien intencionalmente intentó detener cualquier atisbo de investigación sobre los crueles crímenes cometidos.
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