Mercedes Marcó del Pont armó su equipo en AFIP con miras de que el organismo colabore efectivamente en la recaudación impositiva en momentos en que la estanflación urge al Gobierno a tomar políticas fiscales expansivas. Los cambios buscan además terminar con las irregularidades que se desarrollaron durante la gestión de Cambiemos. Con Mauricio Macri en la Casa Rosada, el organismo se dedicó a perseguir opositores judicialmente, con tratamientos especiales para quienes no se alineaban a los intereses del Gobierno nacional de aquel entonces, de acuerdo a múltiples denuncias.
Una de las primeras medidas que tomó la economista al desembarcar en el ente recaudador fue aplicar el impuesto PAIS, que establece un tributo del 30% para la compra de dólares y turismo en el exterior y surgió de la primera mega ley que le aprobó el Congreso a Alberto Fernández. También desarrolló una moratoria fiscal para las PyMEs ante la acumulación de deudas por la crisis económica, que permita una quita promedio del 42% y 10 años de plazo, e implementó la devolución del 15% de los consumos en comercios con tarjeta de débito para jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal.
Para estas tareas nombró a un grupo de profesionales de distintas áreas, todos ellos con experiencia en la gestión pública. El organigrama principal de la entidad se compone por tres direcciones generales, diez subdirecciones generales, tres direcciones simples y una unidad, que dependen directamente de la administradora.
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Al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) quedó Virgina García y en la de Seguridad Social Carlos Castagnetto. Aduana acostumbra a tener una directora apuntada desde las altas esferas del Ejecutivo. Sin embargo, se encuentra al frente Silvia Traverso, una abogada de confianza de la administradora y que trabajó a la par de la funcionaria en el Banco Central como subdirectora general de Administración. También acompañó a Marcó del Pont en el Banco Nación, donde se desempeñó como directora de Nación Servicios, por lo que estuvo a cargo de la implementación de la SUBE.
En la Subdirección general de Coordinación Técnica Institucional fue designado Juan Capello, un abogado que asesoró a Marcó del Pont en el Banco Nación y el Central, donde se había desempeñado como subgerente general de Cumplimiento y Control. La Subdirección general de Administración Financiera está a cargo de Juan Siegenthaler, quien fue director de Administración de la Secretaría General de Presidencia entre 2004 y 2015.
Dentro de la Subdirección general de Fiscalización, la cabeza es Julián Ruiz, ex socio del estudio contable Ruiz y Asociados hasta finales del año pasado, cuando se incorporó como asesor de AFIP. Trabaja además como docente universitario, integra activamente la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y supo ser miembro del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). Para la Subdirección general de Recaudación, Marcó del Pont colocó a José Bianchi, un funcionario de carrera del organismo que se había desempeñado en el mismo cargo durante la gestión de Ricardo Echegaray. El ex administrador estuvo a la cabeza del ente fiscal desde diciembre de 2008 al de 2015.
La Subdirección general de Servicios al Contribuyente está a cargo de Patricia Vaca Narvaja. La ex diputada nacional volvió a la función pública luego de trabajar en la embajada en México y en la subsecretaria de Defensa del Consumidor. Gabriela Camilletti se ocupa de la Subdirección general de Auditoría Interna desde enero de este año. Había sido jefa de Gabinete en la Auditoría General de la Nación (AGN) durante el mandato de Juan Forlón y vicepresidenta de Nación Fideicomisos entre 2013 y 2015.
A cargo de la Subdirección general de Sistemas y Telecomunicaciones está Julián Dunayevich. Durante las elecciones presidenciales que ganó Alberto Fernández participó dentro del equipo a cargo de control de los resultados electorales del Frente de Todos. Antes había estado a cargo de NIC Argentina, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.
Uno de los integrantes de los equipos de trabajo del Instituto Patria, Aníbal Sotelo, fue nombrado subdirector general de Planificación. Además de realizar consultoría internacional, durante el kirchnerismo fue funcionario del Ministerio de Trabajo. Finalmente, en la Subdirección general de Asuntos Jurídicos quedó Guillermo Sorrentino, experto en temas legales, y en la Subdirección General de Recursos Humanos, Pablo Brula.
Entre las tres dependencias de menor rango pero que responden directo de la administradora se encuentra la Dirección de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo, donde se desempeña Germán Clemente, quien había sido director de Supervisión en la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de José Sbatella, que finalizó en 2015. También están la Dirección de Seguridad de la Información, que tiene al ingeniero en sistemas Nicolás Passerini, y la Dirección de Prevención de Lavado, Seguridad de la Información.
Además, Marcó del Pont creó esta semana la Unidad de Coordinación de Políticas de Géneros y Derechos Humanos para tratar problemáticas vinculadas al maltrato, discriminación y acoso que existen en el organismo. El área dependerá en forma directa de la titular y tendrá a su cargo avanzar en la implementación de la Ley Micaela, que obliga a todos los trabajadores estatales a capacitarse en temas de género y violencia contra las mujeres.