El pedido de un millón y medio de pesos para que Alejandro Vandenbroele se pusiera un hotel con fondos públicos llegó justo tras la condena a Amado Boudou y con esa condena como justificación. El dato surge de los documentos a los que accedió El Destape, y que publica en exclusiva, que forman parte del legajo de Vandenbroele como testigo protegido, el eufemismo institucional que utilizó el macrismo para direccionar las declaraciones de los arrepentidos en las causas contra ex funcionarios kirchneristas.
El documento es claro. Lo firma Carlos Linsalata, un policía porteño que fue el responsable del seguimiento de los arrepentidos que interesaban a Mauricio Macri, Germán Garavano y la mesa judicial PRO. Su designación como operador de Vandenbroele la hizo el titular de ese programa, Francisco Lagos.
El 24 de agosto de 2018, Linsalata envió una nota a sus superiores, que consta en la foja 515 del legajo al que accedió El Destape. La nota dice:“Quien suscribe Sr. Carlos Daniel Linsalata, operador asignado al expediente 753/2017 perteneciente al protegido Sr. Alejandro Paul Vandenbroele, en vistas de la situación del actual proceso judicial, la vulnerabilidad económica y socia que vive el protegido antes mencionado, solicito al Sr. Director Nacional del Programa de Protección a Testigos e Imputados, se otorgue al protegido de marras la suma de pesos un millón y medio ($1.500.000) para dar cumplimiento al proyecto laboral que le brinde al protegido la posibilidad de una relocalización definitiva y auto sustentarse”.
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Como justificación, escribió: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”.
Por la dudas, el propio Linsalata dio cuenta de que fue “Confirmada la prisión de los nombrados, por ante la Cámara de Casación Penal, Sala IV, en el día de ayer”.
El seguimiento del juicio y la condena a Amado Boudou es algo que aparece en reiteradas oportunidades en el legajo de Vandenbroele, en especial en documentos próximos al 7 de agosto, cuando el Tribunal Oral Federal 4 condenó al ex vicepresidente a 5 años y 10 meses de prisión.
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