En un intento por generar transparencia, Mauricio Macri firmó dos resoluciones que no pasaron por el Congreso. En uno de los decretos repite una resolución que ya existía desde 1989. En el segundo designa a Laura Alonso para aprobar los contratos en los que existen vínculos entre funcionarios y privados.
El Presidente publicó el miércoles en el Boletín Oficial las anunciadas medidas luego de los escándalos de Avianca y Correo Argentino SA. Sin embargo, quedaron por debajo de los estándares de transparencia pretendidos.
El flamante decreto de necesidad y urgencia 201/2017 establece que la Procuración del Tesoro de la Nación (los abogados del Estado), dependiente de Carlos Balbín, deberá representar en los tribunales los intereses estatales cuando los funcionarios toman decisiones que afectan a personas vinculadas a ellos de forma sanguínea, personal o comercial.
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La regulación de Cambiemos establece que "el Estado Nacional será patrocinado en forma directa por la Procuración del Tesoro de la Nación en los procesos de cualquier naturaleza en que sea parte un organismo del sector público nacional, en los que el Presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete o cualquier ministro tenga vinculación" con un contratista.
Esta innovación de Macri era innecesaria, dado que la participación de los abogados del Estado ya había sido prevista por Ricardo Alfonsín. El decreto 1105/1989 (artículo 54, inciso “C”, división “V”) establece que podrá requerirse la intervención de la Procuración “cuando la importancia o complejidad de la cuestión así lo aconsejen y será obligatoria cuando el monto de la transacción supere el millón de australes (actualizable por el índice de precios mayoristas del INDEC)”. Es decir, que para los casos controversiales, Macri hubiera pudo aplicar esta normativa, pero decidió no hacerlo.
Como segunda medida, desde el jefe de Estado hasta los directores de ministerios deberán presentar una ‘Declaración Jurada de Intereses' ante contrataciones públicas, a partir del decreto 202/2017. La Oficina Anticorrupción analizará si existe "parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia o amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".
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El documento que evaluará la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción detallará si la persona "se encuentra o no alcanzada por algún supuesto de vinculación, respecto del Presidente y Vicepresidenta de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros y demás ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata”. Es decir, una dependencia del Poder Ejecutivo regulará al mismo Ejecutivo.
Sin embargo, Alonso fue citada en dos ocasiones a Diputados para explicar las medidas que tomó previo a la condonación de $ 70.000 millones a Correo Argentino, de la familia Macri. La funcionaria decidió no concurrir a ninguna de las citas.
Los dos DNU fueron firmados por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
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