Mauricio Macri le realizó un inédito juicio a su padre para intentar despegarse de dos de las 50 offshores a las que está vinculado y por las que se lo investiga en el fuero penal. Fue excepcional por la confidencialidad que lo rodeó, pero también por la velocidad de su resolución y lo tajante del fallo al que arribó el juez, quien guardaba sus reparos antes de aceptar el caso. El magistrado espera un ascenso en los próximos meses.
Desde el primer momento en que se filtraron los Panamá Papers, en abril del año pasado, la estrategia de la Casa Rosada fue clara: eximir de toda culpa al Presidente y, para no dañar su imagen, descansar la responsabilidad en Francesco “Franco” Macri. Por esto el mandatario siempre alegó “no recordar” los hechos que se le imputan y no reconoció los múltiples cargos ejecutivos que ocupó en las offshores.
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Para reforzar su defensa judicial, los abogados de Mauricio Macri le recomendaron iniciarle una demanda a su padre a la par de la investigación penal que lo comprometía. El argumento alegado ante el juez civil Andrés Guillermo Fraga fue que Francesco se negaba a colaborar para demostrar la inocencia del Presidente. Coincidentemente, para conseguir un ascenso dentro del fuero nacional, el magistrado espera la aprobación del Senado, donde Cambiemos gozará de un tercio de las bancas desde diciembre.
Todo comenzó como una acción declarativa de certeza en diciembre de 2016, que fue aceptada sin reparos por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 104. El jefe de Estado le admite al magistrado que “omitió declarar Fleg Trading en sus declaraciones juradas de 2007 y 2008, cuando se desempeñaba como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, según consta en el expediente al que accedió en exclusiva El Destape, ya que las actuaciones se encuentran bajo estricta reserva.
El mandatario acompañó su presentación con “ejemplares de notas publicadas en medios que distorsionando la información objetiva encontrada en los Panamá Papers, lo agravian y a su investidura presidencial”. En palabras de Macri, estos artículos de la “prensa antigubernamental” hicieron sinergia con “una serie de denuncias penales iniciadas por un militante político de la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora, Darío Martínez, diputado nacional por el Frente para la Victoria”.
El Presidente solicitó, a través del juez Fraga, información a Bahamas y Panamá. Los exhortos fueron respondidos con documentos que ubicaron a Mauricio como directores de Fleg Trading y Kagemusha, pero también a sus hermanos, Mariano y Gianfranco, así como a Francesco. A los fines del juicio, esto acreditó que Mauricio Macri se había desempeñado como director de esta sociedad.
Ante eso, el mandamás del Poder Ejecutivo le juró al juez que “se enteró de su designación como director de Fleg Trading cuando fue requerido por su padre para firmar un acta por la que renunciaba y designaba a su reemplazante”. Es decir, planteó que recién el 15 de octubre de 1998 aceptó el cargo designado por su padre y “al solo efecto de renunciar y designar reemplazantes”. Por Kagemusha, alegó que en Panamá los ejecutivos no deben prestar conformidad para ser designados en el directorio de una compañía.
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Para intentar respaldarlo se presentó “Franco” Macri por su propio derecho y declaró que “sobre el contenido de la demanda ya dio las explicaciones correspondientes” en la causa penal 3899/2016, que en ese momento la seguía el juez federal Sebastián Casanello.
No cumplió, de esta manera, con lo exigido por el artículo 356 del Código Procesal. Sin embargo, bastó esta presentación irregular, incompleta y defectuosa para que el juez Fraga tuviera por reconocidos los hechos expuestos por el demandante. Cuando el magistrado fue a consultar el expediente iniciado por el diputado Martínez, tomó la declaración del padre del Presidente y realizó una meticulosa selección del resto de las testimoniales, ya que sólo incluyó las de los empleados del grupo Macri y sus abogados.
No constan en la demanda civil las múltiples ampliaciones del legislador nacional ni las investigaciones aportadas múltiples medios y por El Destape por pedido de la Fiscalía de Federico Delgado y que comprometen al jefe de Estado con movimientos por U$S 9,3 millones de una offshore Bahamas a Brasil.
Con estos elementos el juez Fraga determinó tajante el 20 de septiembre de este año que “no surge elemento de tipo objetivo alguno incorporado en estos autos o en la causa penal que permita sostener que el actor fue socio de su padre, accionista o director en la sociedad Fleg Trading”.
Además, el magistrado cumplió con el requerimiento del Presidente para declarar que “ni de las pruebas producidas en autos, ni en las producidas en sede penal surge constancia alguna que acredite la aceptación del cargo por los directores designados con posterioridad a la constitución de Kagemusha”.
Dos meses antes de que le caiga sorteada la demanda de Macri, Fraga se había postulado para un ascenso. El 26 de octubre de 2016 salió segundo en el concurso 369 para ocupar cinco cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, dos en la sala C, y uno en la G, J y K. Los 175,60 puntos conseguidos le consiguieron la remisión de su pliego al Senado, que deberá ser el que determine si puede escalar o se queda en el Juzgado de primera instancia.
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