El default pone en peligro el sistema previsional

El default técnico que decidió el Gobierno a partir del “reperfilamiento” de los vencimientos de las Letras del Tesoro provocó un sismo en los organismos públicos que habían invertido en esos instrumentos financieros. Como el Gobierno utilizó la plata de los jubilados para financiar la fuga de capitales, el mayor de los damnificados tras la medida fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Al FGS le quedó cerca del 20% de su cartera atrapada en el default selectivo, que equivalían a $ 315.000 millones al lunes, según pudo reconstruir El Destape.

Al haber recibido el rechazo del mercado internacional de crédito por la alta exposición al riesgo argentino, el presidente Mauricio Macri debió acudir en 2018 al Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener su modelo económico financiero, que alimentó la salida de divisas. Al precisar un mayor fondeo en medio de la crisis que los U$S 57.000 millones girados por el organismo de crédito, el Gobierno recurrió al fondo de los jubilados.

La ANSES participó en todas las licitaciones de estos bonos para cubrir las necesidades de dólares y pesos del Ejecutivo, principalmente en las de las últimas semanas. Más aún, el miércoles en el que se declaró el “reperfilamiento” y los títulos cotizaban a precio de default, el FGS había ofertado para U$S 693 millones de Letes y $ 20.000 millones de Lecap adicionales, revelaron fuentes del Gobierno a El Destape. La subasta, sin embargo, fue declararada desierta por la carencia de interés adicional.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, precisó esa misma tarde que aplazaba los vencimientos de las Letras en manos de inversores institucionales. Si bien omitió aclararlo, el mayor acreedor de este segmento es el FGS, que de acuerdo a un análisis provisorio, cuenta con $ 315.000 millones a los precios de mercado del 26 de agosto, según la información a la que pudo acceder este medio.

Al excluir a los individuos, la medida perjudicó directamente a este actor silencioso. Por el aplazamiento de los vencimientos aún se desconoce cuál será la nueva cotización de estos papeles en la plaza secundaria, con lo que es imposible determinar la pérdida que le generó al FGS.

Según pudo reconstruir El Destape, el fondo del organismo previsional que dirige Emilio Basavilbaso contaba con Letes por un valor nominal de U$S 3.860 millones en su capital, que consiguió en mercados primario y secundario. Además, Lelink por U$S 604 millones, Lecer por $ 41.850 millones y Lecap por $ 43.800 millones.

Oficialmente, desde Anses respondieron a este portal que “el FGS no va a tener problema porque tiene cubierto los compromisos de reparación histórica”. “Si bien es cierto que tiene muchas letras, no tiene la necesidad de desarmar posiciones a diferencia de otros actores como bancos o compañías de seguros”, añadieron. A su vez, no confirmaron a este medio cuál es la suma afectada por la decisión del Ejecutivo.

Así las cosas, el problema radicará en el desplome de la cotización de la cartera y la caída de su rendimiento, que ya estuvo vapuleada por las continuas devaluaciones contra las que no había tomado precauciones.

Operaciones cuestionadas

Desde que asumió, el Gobierno utilizó el FGS de forma polémica. Sin ir más lejos, dos antiguas denuncias de quien fuera el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Gabriel De Vedia (corrido de la unidad por el macrismo), hoy vuelven a avanzar en sede judicial. El reimpuslo se dio luego de que la Auditoría General de la Nación cuestionara distintas inversiones en su reciente análisis del FGS. Se trata de dos causas distintas que involucran a los (ahora ex) directivos del fondo Luis María Blaquier y Luis Caputo.

Por ejemplo, respecto al exministro de Finanzas, el fiscal de la seguridad social advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. La operación implicó el pago de comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Según la investigación, se comprobó que, en virtud de decisiones del funcionario, durante 2016 se invirtieron más de $ 500 millones en un Fondo Común de Inversión (FCI), cuya administración estaría vinculada en el ámbito privado al propio Caputo. Esta acusación había sido desestimada por el fiscal Eduardo Taiano pero luego del duro informe de la AGN el juez federal Luis Rodríguez analiza reabrirla. Le envió el documento a Taiano para que revea su posición y también dio intervención al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que es una especie de fiscal anticorrupción.

También intentaron recurrir al FGS cuando el Ejecutivo firmó el memorando con Qatar, en el que pretendían girar U$S 300 millones de ANSES a una guarida fiscal. El acuerdo fue intermediado por el tenista Gastón Gaudio, quien recibió información confidencial y se lo remitió a un amigo financista, que tenía interés en participar del negocio. Gracias a que fue revelado por El Destape en 2016, el juez Daniel Rafecas y la fiscal Paloma Ochoa frenaron la implementación del tratado, que violaba un sinnúmero de leyes y normas previsionales.

El macrismo recurrió al dinero de los jubilados para realizar todo tipo de operaciones, algunas muy peligrosas. Fue una fuente de financiación constante con el objetivo de facilitar dólares para la fuga y debilitar a la herramienta que impide la aplicación de una reforma previsional para instalar un régimen mixto, con capitalización individual, como pretende Cambiemos desde que llegó a la Casa Rosada. Ahora, con el “reperfilamiento”, el Gobierno no hace más que volver a golpear el sistema.