La Cámara de Diputados sancionó el paquete de seis leyes creadas para implementar el flamante Código Procesal Penal (CPP). El nuevo Código entrará en vigencia en a partir del 1 de marzo del año próximo y las leyes que permiten su puesta en funcionamiento fueron apoyadas por el oficialismo y aliados, mientras que la oposición expresó su rechazo a las iniciativas o se abstuvo.
El nuevo Código Procesal introduce un cambio sustancial respecto del régimen actual al pasar del sistema inquisitorio al acusatorio, en el que los fiscales tendrán un rol central ya que deberán estar a cargo de la investigación de los delitos ocurridos en la justicia federal y nacional.
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El debate duró más de ocho horas y la primera iniciativa en ser aprobada fue la de ley de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (130 votos favorables, 88 en contra), seguida de la de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal (130, 88 negativos).
La tercera fue la reforma al Código Penal de la Nación, referida en forma especial a causales para la suspensión del juicio a prueba (187 positivos, 29 negativos y 2 abstenciones del Frente de Izquierda); la cuarta fue la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (130 afirmativos, contra 88); quinta la ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (163 a favor, 55 negativos); y sexta la de Implementación del CPP (133 a favor, 81 en contra y 3 abstenciones del FIT).
La oposición, férrea crítica de la labor de la procuradora Alejandra Gils Carbó, realizó cuestionamientos a la ley Orgánica del Ministerio Público, en especial por lo que considera el poder y la aparente discrecionalidad que se le otorga a la Gils Carbó. El radicalismo hizo hincapié en sus críticas a las reformas introducidas a la Procuración General de la Nación; mientras que el PRO también centró sus objeciones a la organización de la Justicia nacional, ya que allí consideró está en juego las atribuciones que se transferirán a la Ciudad de Buenos Aires.
Por ejemplo, el radical Manuel Garrido apuntó que en esta iniciativa se encuentra "la mayoría" de sus objeciones y dijo que esa norma genera "un organismo sin frenos y sin contrapesos básicos en una democracia". Inclusive, denunció que la norma aprobada establece "una monarquía dentro de nuestro sistema democrático", dado que –según su opinión- "no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración".
El nuevo Código genera "una monarquía dentro de nuestro sistema democrático", sostuvo Manuel Garrido (UCR)
La respuesta desde el bloque kirchnerista provino de Diana Conti, quien sostuvo que "es ridícula, mezquina e intolerable la campaña de la oposición y del monopolio mediático de que queremos hacer esta reforma para buscar impunidad. No necesitamos impunidad, es el pueblo que necesita justicia, fiscales que caminen de la mano de la víctima y que el derecho penal se aplique".
Conti acusó a la oposición de que en vez de "caminar y construir territorio" en realidad "busca los estrados judiciales y a la Corte para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos".
Para Diana Conti, la oposición "busca los estrados judiciales y a la Corte para apañarse y jugar en contra de los intereses populares"
La mayoría de los proyectos tuvo modificaciones a pedido de la oposición y de actores judiciales en la comisión bicameral de Seguimiento de la Implementación del CPP, que preside el senador oficialista salteño Rodolfo Urtubey, antes de sortear el Senado.
Entre otras, el órgano ejecutor de la implementación será la bicameral parlamentaria en lugar de la comisión extra parlamentaria de la versión original; se cambió la fecha de inicio de implementación del nuevo Código, que pasó del 1 de septiembre de este año al 1 de marzo de 2016; y se tomó a la Capital Federal como un distrito único para la aplicación del CPP en vez de dividirlo en cuatro jurisdicciones.
Además, entre los puntos destacados se encuentra el hecho de que haya dos leyes distintas para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, el único que contó con parte del apoyo opositor. La primera de ellas establece una organización de fiscales por distrito, crea la figura del "fiscal revisor", designado por sorteo, que discute los criterios jurídicos con el fiscal de instrucción, entre otros puntos.
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