Por Mayra García
Especial para El Destape
Con agenda marcada por el Poder Ejecutivo, el año parlamentario se caracterizó por las leyes económicas y la actualización de los Códigos que rigen en el país. Primero fue el Civil y ahora es el turno del Procesal Penal, que será discutido el mes que viene por la Cámara baja, luego de que el Gobierno prorrogara las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. En ese período también se espera la sanción de la ley Argentina Digital, que regula las telecomunicaciones, y no se descarta que ingresen otras propuestas.
Especial para El Destape
Con agenda marcada por el Poder Ejecutivo, el año parlamentario se caracterizó por las leyes económicas y la actualización de los Códigos que rigen en el país. Primero fue el Civil y ahora es el turno del Procesal Penal, que será discutido el mes que viene por la Cámara baja, luego de que el Gobierno prorrogara las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. En ese período también se espera la sanción de la ley Argentina Digital, que regula las telecomunicaciones, y no se descarta que ingresen otras propuestas.
Durante los primeros meses del año, la oposición se abroqueló en Diputados e intentó iniciar sesiones especiales para tratar la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Legisladores de todos los bloques del arco opositor buscaron sin éxito en cuatro oportunidades -la última el 3 de junio último- conseguir quórum para iniciar ese debate.
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Procesal Penal
A mitad de diciembre, el Frente para la Victoria espera convertir en ley el nuevo Código Procesal Penal, que el pasado miércoles fue aprobado en el Senado. El texto original del Ejecutivo recibió más de 40 modificaciones en la Cámara alta. El eje central de la iniciativa es pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, para que la investigación recaiga en el fiscal y el juez asuma el rol de garantizar la legalidad del proceso.
A mitad de diciembre, el Frente para la Victoria espera convertir en ley el nuevo Código Procesal Penal, que el pasado miércoles fue aprobado en el Senado. El texto original del Ejecutivo recibió más de 40 modificaciones en la Cámara alta. El eje central de la iniciativa es pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, para que la investigación recaiga en el fiscal y el juez asuma el rol de garantizar la legalidad del proceso.
Los puntos más polémicos del proyecto inicial, como la situación de los extranjeros y la facultad de la Procuración General para distribuir causas, fueron retocados. A la vez, se eliminó la figura de "conmoción social" como una causa para dictar la prisión preventiva.
Presupuesto 2015
Sin acompañamiento opositor, el kirchnerismo de la Cámara alta aprobó la Ley de Leyes el pasado 30 de octubre, el cálculo de recursos y gastos previsto para el último año de gestión de la presidenta Cristina Kirchner.
Para el próximo ejercicio, el Gobierno prevé un crecimiento de la economía de 2,8%, una inflación del 15,6% y un dólar a $9,45. También estimó exportaciones por U$S83.420 millones e importaciones por más de U$S73.200 millones, con un saldo positivo de la balanza comercial de U$S9.200 millones.
Sin acompañamiento opositor, el kirchnerismo de la Cámara alta aprobó la Ley de Leyes el pasado 30 de octubre, el cálculo de recursos y gastos previsto para el último año de gestión de la presidenta Cristina Kirchner.
Para el próximo ejercicio, el Gobierno prevé un crecimiento de la economía de 2,8%, una inflación del 15,6% y un dólar a $9,45. También estimó exportaciones por U$S83.420 millones e importaciones por más de U$S73.200 millones, con un saldo positivo de la balanza comercial de U$S9.200 millones.
Hidrocarburos
Ese mismo día, pero en Diputados, se aprobó la nueva ley de Hidrocarburos. La norma reconoció el dominio del subsuelo a las provincias y creó un marco regulatorio único para todo el país. Además, estableció nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los denominados desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. La norma otorgó potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas empresas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las que deberán pagar regalías por un 12%.
Ese mismo día, pero en Diputados, se aprobó la nueva ley de Hidrocarburos. La norma reconoció el dominio del subsuelo a las provincias y creó un marco regulatorio único para todo el país. Además, estableció nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los denominados desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. La norma otorgó potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas empresas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las que deberán pagar regalías por un 12%.
Código Civil
En medio de un escándalo con la oposición, que no participó del debate, el oficialismo de la Cámara baja sancionó el pasado 1 de octubre el proyecto que unificó y modernizó los Códigos Civil y Comercial.
En medio de un escándalo con la oposición, que no participó del debate, el oficialismo de la Cámara baja sancionó el pasado 1 de octubre el proyecto que unificó y modernizó los Códigos Civil y Comercial.
El nuevo cuerpo normativo empezará a regir el 1 de enero de 2016, aunque su puesta en vigencia podría adelantarse, ya que senadores del Frente para la Victoria presentaron un proyecto para que se ponga en práctica el 1 de agosto de 2015. El Código no hace distinciones entre varón y mujer para el matrimonio, permite los acuerdos prenupciales y simplifica los trámites de divorcio. Establece que la persona humana comienza en la concepción y simplifica la adopción. Además, crea la figura de la sociedad unipersonal.
Abastecimiento
Siguiendo con las medidas económicas, el 19 de septiembre último, el oficialismo avanzó con las modificaciones a la Ley de Abastecimiento, resistidas por el acto opositor y sectores empresarios. De hecho, el Frente Renovador, el PRO y el Frente Amplio UNEN prometieron derogarlas en caso de llegar al gobierno en 2015.
Siguiendo con las medidas económicas, el 19 de septiembre último, el oficialismo avanzó con las modificaciones a la Ley de Abastecimiento, resistidas por el acto opositor y sectores empresarios. De hecho, el Frente Renovador, el PRO y el Frente Amplio UNEN prometieron derogarlas en caso de llegar al gobierno en 2015.
Los cambios en la ley establecieron una nueva regulación de las relaciones de producción y el consumo, y la Secretaría de Comercio pasó a tener la facultad de imponer sanciones económicas a empresas, que tienen derecho a reclamar, pero primero deben pagar. El paquete de proyectos también incluyó la creación de un observatorio de precios y la apertura de un fuero judicial exclusivo para el consumidor.
Pago Soberano
El 10 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados sancionó la denominada ley de Pago Soberano. Con ese instrumento, el Ejecutivo propuso el cambio de jurisdicción del pago de la deuda reestructurada, con el objetivo de eludir el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa. Así, ofreció como sede de pago a Buenos Aires o Francia.
El 10 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados sancionó la denominada ley de Pago Soberano. Con ese instrumento, el Ejecutivo propuso el cambio de jurisdicción del pago de la deuda reestructurada, con el objetivo de eludir el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa. Así, ofreció como sede de pago a Buenos Aires o Francia.
Dos meses después, el pasado 6 de noviembre, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió durante una visita al Congreso que la norma había fracasado, ya que ningún tenedor de bonos aceptó cobrar en otra jurisdicción.
Acuerdo con Repsol
En la madrugada del 24 de abril, la Cámara baja sancionó la ley que avaló el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la empresa Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF. El convenio dispuso un pago de 5 mil millones de dólares en títulos públicos como compensación a la compañía española. La ley fue el desenlace de las negociaciones que la Casa Rosada y Repsol habían iniciado en noviembre de 2013, tras la firma de un acuerdo previo.
En la madrugada del 24 de abril, la Cámara baja sancionó la ley que avaló el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la empresa Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF. El convenio dispuso un pago de 5 mil millones de dólares en títulos públicos como compensación a la compañía española. La ley fue el desenlace de las negociaciones que la Casa Rosada y Repsol habían iniciado en noviembre de 2013, tras la firma de un acuerdo previo.
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