El caso de las coimas del fiscal Carlos Stornelli y el espionaje ilegal, donde Marcelo D'Alessio es investigado, llegó al New York Times, que realizó un durísimo análisis contra la justicia argentina y pide que intervengan expertos judiciales extranjeros. El periódico norteamericano afirma que hay "una crisis de credibilidad de la justicia argentina, que debilita las instituciones democráticas".
El diario manifiesta que "en un país con instituciones creíbles, la palabra final la tendrían los tribunales. Pero la percepción de corrupción generalizada impide que los ciudadanos crean en la justicia".
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Sobre el caso Stornelli, cuenta: "Un juez federal, Alejo Ramos Padilla, investiga al fiscal Carlos Stornelli, uno de los que lleva el caso Cuadernos, por supuestamente exigir un soborno a un empresario para mantenerlo al margen de esta causa. El caso en el que se investiga a Stornelli podría involucrar, a su vez, a una presunta red de espionaje e inteligencia ilegal utilizada para extorsionar a ciudadanos con el fin de que confesaran delitos o implicaran a otros".
Agrega que "algunos funcionarios y aliados del gobierno de Mauricio Macri podrían estar involucrados. Los numerosos procesos disciplinarios y cuestionamientos en contra de uno de los jueces que lleva la causa de los Cuadernos, Claudio Bonadio, tampoco ayudan a blindar la credibilidad del caso".
Además, cita a la organización de derechos humanos Human Rights Watch, "en la que uno de los autores de este artículo trabaja, caracterizó este pedido como una amenaza a la independencia judicial".
El New York Times aconseja: "Estos episodios ponen al descubierto sistemas judiciales atravesados por la corrupción. Involucrar a expertos extranjeros no sería una estrategia inédita".
Y reclama: "Muchos en Argentina podrían considerar que se trata de una intromisión indebida e innecesaria en la soberanía nacional. Pero no es necesario llegar tan lejos".
"Una comisión de juristas internacionales, o un organismo similar, no requeriría llevar adelante sus propias investigaciones penales. En cambio, se podría ocupar de monitorear el trabajo de la justicia y fiscalizar la actuación de funcionarios judiciales en las investigaciones que llevan a cabo en casos connotados. La observación por parte de expertos prestigiosos e independientes, y su atribución para pronunciarse sobre ciertas causas paradigmáticas, podría darles mayor trasparencia a los casos penales y confianza a los ciudadanos para exigir una autentica rendición de cuentas por parte de las autoridades. La presencia internacional también ayudaría a disuadir a algunos funcionarios de corromperse y legitimaría a los honestos ante presiones políticas o económicas indebidas", cierra.